A la mandataria Maritza Pérez Ramírez y a su secretario de Gobierno, Rufino Rafael Machado Cruz, la Fiscalía los acusó de prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
La alcaldesa Maritza Pérez Ramírez deberá en el término de seis meses adelantar las gestiones técnicas, administrativas, presupuestales y financieras necesarias para las adecuaciones sanitarias del cementerio y la morgue del municipio.
