De la construcción de la Policía Metropolitana se empezó a hablar desde el 2013. Recién llegado a la Alcaldía de Valledupar en 2016, Augusto Ramírez aseguró ante los medios que “la Policía Metropolitana será una realidad”, apoyado en la disposición de esta obra como uno de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo.

No obstante, en el enredado camino de la construcción, la devolución del proyecto por parte del Concejo a la Alcaldía es un nuevo tropiezo. Este obstáculo nace del vencimiento de la figura jurídica utilizada para la cesión del terreno a la Policía.

En un parágrafo del segundo artículo del Acuerdo No. 018 del 31 de diciembre de 2016, quedó establecido que en caso que no se construyera la estación de Policía en un término de dos años, el predio “deberá restituirse al Municipio por parte de la Policía Nacional, cubriendo los costos que implique la transferencia del dominio de dicho activo”.

Los dos años se cumplieron en diciembre del 2018. Por eso, en estos momentos la Policía Nacional está obligada a regresar el predio al Municipio, para que luego el Municipio por cesión lo regrese a la Policía, esta vez, con un plazo de cinco años.

Según el secretario de Gobierno, Gonzalo Arzuza, esta misma semana inicia el traspaso del terreno y la presentación del nuevo plazo. En un comienzo la Alcaldía presentó la figura de una prórroga a la vigencia, propuesta rechazada por los concejales al considerarla antijurídica, por hacerla sobre una vigencia vencida.

“La opción que menos perjudica a la ciudadanía y que no mete en líos jurídicos al Concejo es la devolución del proyecto. Con eso el Municipio tiene la oportunidad de presentarlo ante el Concejo para su discusión apenas lo tenga listo”, explicó el concejal Guido Castilla.

¿QUÉ CONCEJALES?

Pero ese proyecto llega a un Concejo envuelto en incertidumbre. Con la notificación del fallo de la Procuraduría que destituyó a 16 concejales, se espera que algunos intenten frenar las consecuencias de esa decisión. Sobre la misma no procede apelación.

En el ente de control todo terminó, pero por la vía judicial aún hay oportunidades, empezando por un mecanismo directo como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, recurso judicial usado para defender los derechos cuando se considera que fueron violentados por alguna autoridad administrativa.Los cabildantes tendrían la oportunidad de retornar al Concejo con la demanda en marcha, presentando una solicitud de suspensión provisional a la decisión de la Procuraduría.
Pero hasta el momento solo hay conjeturas en el Concejo que actualmente está en sesiones ordinarias.

Los ediles ya presentaron una solicitud de aclaración para ganar tiempo. El problema es que está abierta la posibilidad que durante la discusión de la autorización al Municipio se haga efectivo el fallo y deban salir los concejales.

“Hagamos una hipótesis: mañana mismo se presenta el proyecto, queda en firme el edicto y quedan inhabilitados los 16 concejales. Primero, al presidente de la corporación es a quien le llega el proyecto y este no está en la corporación para que designe ponente, entonces, ¿quién sería el presidente ad hoc?”, señaló el concejal Guido Castilla, uno de los tres cabildantes no sancionados.

Castilla es de la Comisión de Presupuesto, de la que hacen parte nueve concejales. “El único que está en esa comisión sin problemas soy yo. ¿Cómo se debate ese proyecto? Esos son los tiempos que complican el trabajo”, agregó el edil.

Con esos problemas debe gestionar la administración municipal la aprobación de la figura de cesión para retornar el terreno a la Policía Nacional antes de la aprobación de los recursos. “Eso no es motivo de parálisis, el proyecto va andando, lo que tenemos es que apurar”, agregó el secretario de Gobierno, Gonzalo Arzuza.

Una vez se cumpla el fallo entraría la vacancia absoluta, donde ingresan los candidatos que siguieron en votación a los elegidos. En un principio, los actuales concejales seguirán en el cargo mientras dan respuesta a las aclaraciones que pidieron.

LA EXPERIENCIA PREVIA

Aunque la primera idea fue un lote de 10 hectáreas proyectado por la administración pasada, por su lejanía y las inversiones que necesitaba, el comité técnico de la Policía determinó que era muy costoso, por eso se determinó un sector de 34.285 metros cuadrados ubicado en el barrio San Fernando, de la comuna dos.

La Policía Metropolitana está destinada para atender a los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure y Codazzi. Por su población, Valledupar recibirá casi el 60 % de los policías que llegarían una vez se construya el alojamiento y bloque administrativo que hacen parte de la primera fase.

A pesar de que no hay una cifra exacta, autoridades hablan de 1.200 a 1.400 uniformados, de los cuales mínimo 700 se quedarían en la capital.

Por: DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN
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