Uno de los argumentos del Gobierno nacional para construir el proyecto que declarará temporalmente las minas cesarenses La Jagua y Calenturitas como áreas reservadas a la protección y desarrollo de los recursos naturales, es que las energías renovables “han venido reemplazando al carbón térmico”, cuya demanda tendría “alta probabilidad” de estancarse y decrecer.  

Además, que este combustible fósil es el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera a nivel mundial, por lo tanto, aunque Colombia tiene potencial para continuar con la explotación, para cumplir con la meta de reducir estos gases “debería finalizar su producción para 2030”, sostienen desde el orden nacional. 

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Según los ministerios de Minas y de Ambiente, “continuar con la producción de carbón en zonas como el departamento del Cesar, empleando la infraestructura ya existente, así como continuar con la exportación de este a diferentes países, podría conducir a una profundización en las brechas de emisiones actuales en vez de lograr su cierre, como es necesario”. 

ENERGÍAS RENOVABLES

Una de las alternativas que evalúa el Gobierno para aprovechar estas minas ubicadas entre los municipios de Becerril, El Paso y La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, es producir energía solar fotovoltaica por medio de granjas solares.

Sin embargo, Amat Zuluaga, geólogo y director del Observatorio de Transición Energética del Caribe, aseguró en entrevista con EL PILÓN que cada vez las proyecciones en materia de recursos naturales y energéticos son más cortas y que, de hecho, el carbón colombiano, y en especial el del Cesar y La Guajira, “todavía sigue siendo apetecido y todavía tiene buenos precios”. 

A nivel global, agregó Zuluaga, el carbón representa casi el 30 % de la matriz energética, “y eso no se va a reemplazar de la noche a la mañana con fuentes renovables” porque los avances en esta no alcanzan a suplir la demanda anual “y ahora menos lo que ya viene existiendo”, acotó. 

LA RECUPERACIÓN DE EMPLEOS

Otra opción que plantea el Gobierno consiste en emplear los terrenos de estas minas que eran explotadas por el Grupo Prodeco  para el desarrollo de un jardín botánico, o apostarle a la agroindustria. 

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“Esta opción no solo permitiría el desarrollo de viveros de especies nativas a utilizar en procesos de restauración ecosistémica, sino se convertiría en un gran atractivo turístico de la zona, lo que a su vez permitiría aumentar la empleabilidad de las personas afectadas por la salida de Prodeco del territorio”, se lee en la justificación. 

Pero Zuluaga, quien además es docente universitario, considera que estas alternativas no recuperarán los aproximadamente 5.000 empleos que generaba la actividad minera. 

ACCIONES PENDIENTES

“Los extrabajadores de Prodeco están expectantes para retornar a esas labores y esa calidad de vida porque son unos ingresos que no lo van a tener en otras industrias, por ejemplo, en la agricultura. El Gobierno le está cerrando la puerta a esa posibilidad, no solamente a las personas propias del corredor minero, sino también está la posibilidad de un departamento que es dependiente de los recursos del carbón”, agregó el experto. 

Aunque el magíster en Ingeniería de Petróleo y Gas expresó que este es un mensaje directo para las personas que han presionado a reabrir las minas, el Gobierno sustenta que existen circunstancias jurídicas pendientes, como Sentencia T-375 del 2023, proferida por la Corte Constitucional, la cual ordena  a las empresas mineras y varias instituciones del Estado adelantar los procesos de consulta previa con la etnia yukpa, con relación a los proyectos desarrollados en La Jagua y Calenturitas, así como la delimitación del espacio considerado “ancestral”. 

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO DEL CESAR? 

A su turno, la diputada Claudia Margarita Zuleta también se pronunció desde la Asamblea Departamental del Cesar, cuestionando si el proyecto, sujeto a comentarios hasta el 24 de agosto, ya es de conocimiento del secretario de Minas, Carlos Ríos. 

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“Yo me pregunto si el secretario de Minas por lo menos tiene la iniciativa de pronunciarse ante ese proyecto, si por lo menos tiene una observación para hacer, algo que decirle al Cesar  o si está de acuerdo con él, para conocer la iniciativa del Gobierno departamental frente a una decisión que, a mi parecer, no consulta  a la ciudadanía, las autoridades locales  y mucho menos consulta la realidad económica de este departamento”, declaró Zuleta Murgas

Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN. 

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