La investigadora antioqueña Vilma Liliana Franco Restrepo brinda otros elementos, además de la causa contrainsurgente, para analizar, entender y comprender en un contexto más amplio las causas del surgimiento y el sostenimiento del Mercenarismo Corporativo en las regiones en defensa de unos nichos electorales, el poder económico, político y el establecimiento. La hipótesis planteada por Franco se articula con la tesis Realismo Mágico, Vallenato y Violencia Política en el Caribe Colombiano, donde se explica un conflicto de larga duración en el territorio y la imposición del proyecto paramilitar al pueblo cesarense y esto nos va develando cómo se configuran las relaciones sociales y el poder en Valledupar y el Cesar (Figueroa, 2007).

Históricamente frente a las reclamaciones y exigibilidad de cambios estructurales y transformaciones, el Estado diseña y desarrolla una estrategia para mantener el ‘orden’ frente a las amenazas y riesgos del monopolio del poder. Al respecto, Franco (2002) a partir de unas fórmulas matemáticas y de los estudios de David Galula (1964) y Rumel (1979) va a proponer tres escenarios hipotéticos y coincidentes en un tercer planteamiento:

“Teniendo en cuenta la tipología de conflictos internos propuesta por Hugh Miall –y otros– (1999) para el periodo de descolonización, postcolonización y postguerra fría, puede deducirse que el orden político estatal se ha visto amenazado internamente por tres tipos de situaciones: primero, por golpes de Estado, disputas intraelite, criminalidad o bandolerismo; segundo, por fuerzas armadas y grupos comunitarios que buscan acceso, autonomía o independencia territorial; y tercero, por la existencia de fuerzas insurgentes que cuestionando el monopolio de la fuerza física, tienen como perspectiva la realización de cambios en la naturaleza del Estado”. (Franco, 2002, p. 59-60).

Las reacciones en el primer escenario contemplan contragolpes, coaliciones, acuerdos, coerción, entre otras tácticas. En los escenarios segundo y tercero “se constituye un complejo contrainsurgente –CCI–, tanto desde la raison d’etat como desde los niveles más altos de la jerarquía socioeconómica en ejercicio del poder político”. (Franco, 2002, p. 59-60).

La contrainsurgencia necesariamente está ligada a las fuerzas legitimas del Estado; luego entonces, a partir de la reorganización de ese monopolio y control surge el mercenario contrainsurgente o mercenarismo de Estado con vínculos con el poder político a través de una figura cohesionadora y con la capacidad de configurar el entramado de relaciones para crear la necesidad de implementar una estrategia fundamentada principalmente en el discurso de la defensa del orden, la seguridad y la propiedad privada. La política del mercenarismo de Estado es financiada con recursos particulares, pero logra la cooptación de la institucionalidad entre otras fuentes de financiación donde se rompen las relaciones por la disputa del botín de guerra.

Según el profesor de historia Pedro Almarales Fandiño, las fuerzas políticas tradicionales buscan mantener y perpetuarse en el poder del Estado ‘por las buenas o por las malas’, pero ellos directamente no pueden hacer ‘la tarea sucia’, entonces buscan los elementos que les hagan ese trabajo, “… es donde comienzan a aparecer los grupos paramilitares e indudablemente son grupos de poder que tienen el respaldo de las armas y entonces comienza todo ese trabajo del mercenario”.

El Estado es agente de fomento de actividades de mercenarismo en la medida en que se sirve de servicios que prestan particulares para cumplir misiones que necesita y en consecuencia las organizaciones ofrecen funciones en causas no licitas, no legales, no legítimas y es cuando en cumplimiento, supuestamente, de preservar el orden y la ley recurre a agentes que cumplen lo que se llamaría ‘la misión y la labor sucia’. Luego entonces:

“(…) Si el Estado actúa en determinados frentes es posible que se extralimite y viole derechos; mientras que si recurre a mercenarios, estos pueden actuar al margen de la ley en cumplimiento de algunas tareas que supuestamente le corresponderían al Estado pero que de todas maneras son ilegales, son ilícitas, son ilegitimas”, según explica el investigador Simón Martínez Ubárnez.

Los testimonios y fuentes consultadas para la realización de la tesis Memoria del olvido: historia de caso del periodista Guzmán Quintero Torres, Valledupar, septiembre de 1999, coinciden en afirmar que en el departamento del Cesar se combinaron el Mercenarismo de Estado y el Mercenarismo Corporativo.

Según afirma Imelda Daza Cotes: “Aquí operaron mercenarios y operó un grupo fundamental como mercenarios para desarrollar tareas y labores que las fuerzas legítimas armadas no podían desarrollar; es decir, ‘el trabajo sucio’, la violencia perversa en el departamento del Cesar”.

El conflicto que se vivió en el departamento del Cesar demostró la incapacidad del Estado para garantizar “la vida, honra, bienes y la seguridad de los ciudadanos y desde ese punto de vista tuvo que acudir y tuvo que cohonestar con mercenarios corporativos”, que al margen de la ley crearon organizaciones criminales que cumplieron la tarea “de mantener el orden”, que el Estado fue incapaz de cumplir frente al orden impuesto por los grupos armados de extrema izquierda que buscaban garantizar ciertas reclamaciones y establecieron las llamadas ‘Repúblicas independientes’ en algunas regiones como el departamento del Cesar, “ahí fue cuando apareció el otro elemento mercenarial al servicio del Estado” cumpliendo tareas ilegítimas e ilegales en contubernio, cohonestación y cooptación con la institucionalidad, debilitando y reemplazando al Estado, afirma Martínez Ubárnez.

Algunas voces y trabajos sitúan el conflicto y la violencia en el territorio del hoy departamento del Cesar, perteneciente al antiguo Magdalena grande, en 1928, (Gutiérrez, 2012). La violencia de larga duración se remonta a las luchas entre campesinos, colonos y terratenientes, hacendados, empresarios, inmigrantes coloniales, y la misma violencia de Estado, luchas que luego se transformaron en reclamaciones laborales que provocaron la Matanza de las Bananeras a manos de las fuerzas del Estado, pasando por las bonanzas y crisis de las bananeras, algodoneras, marihuana y el llamado ‘boom del carbón’, pero este tema será objeto de otro análisis.

A manera de conclusión, esta reflexión pretende entregar elementos para analizar otras causas del conflicto y avanzar hacia la construcción de paz, el fortalecimiento de la democracia y el Estado local, para ello es pertinente invitar a reflexiones e investigaciones académicas desde la Universidad Nacional, a través de su programa de Gestión Cultural y Comunicación en su sede de La Paz, Universidad de Santander y Fundación Universitaria del Área Andina, con el programa de Comunicación Social y Periodismo, el Departamento de Sociología de la Universidad Popular del Cesar, entre otros escenarios académicos.

Por Hamilton Fuentes