Una vez más se avivan los ánimos de los gestores de la creación de un nuevo departamento en el Caribe colombiano, tras el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien públicamente defendió dicha iniciativa argumentando que “es la mejor forma de equilibrar una zona riquísima que no ha tenido inversión pública”. El presidente no se ahorra un anuncio, una idea, una iniciativa, es la estrategia quizá que le pone encima para su gusto el foco de la opinión. Aunque el reclamo es porque las cosas no se concretan, no se ejecutan.

El presidente respondió a la petición de los gobernadores de la región, quienes exigen la realización de un Consejo de Seguridad ante la crisis de orden público que se registra en esta zona del país y que demanda, precisamente, “acciones concretas, más jueces y una estrategia con recursos económicos, para enfrentar la violencia”.

Aprovechó esa coyuntura para manifestar su deseo de reorganizar administrativamente el territorio del Magdalena Medio, atizando de paso lo que se ha conocido como ‘la rebelión de los sures’ de los departamentos del Cesar, Magdalena, Bolívar y Norte de Santander, donde desde hace 26 años vienen intentando crear un nuevo departamento que ellos llamarían Sur Caribe, cuya capital sería el municipio de Aguachica. Aunque la verdad, esos nuevos departamentos se propusieron fallidamente en la discusión de la Constitución Política de 1991.

La posición presidencial no fue bien recibida por los gobernadores de estos departamentos, pero atizó el fuego de la separatitis liderada por diversas organizaciones, incluida la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Dorina Hernández Palomino, y varios senadores.

El tema siempre ha estado sujeto a momentos de la política regional, cuyo grado de complejidad se evidencia en el largo tiempo que lleva gestionándose y todavía no ha alcanzado la forma ideal para su materialización, por los vacíos legales y falta de regulación, en especial para la realización de consultas populares para tales fines y porque el Congreso de la República no ha apropiado una ley orgánica territorial, para su curso.

Pero esta vez, con el apoyo gubernamental los gestores de la iniciativa están llenos de optimismo al contar con la bancada congresional de la línea de gobierno, las trabas podrían superarse.

Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se trata de una iniciativa con muchos pros y contras. Sus impulsores argumentan que esta nueva división administrativa “mejorará la eficiencia administrativa, fiscal y política a través de un reordenamiento territorial”.

Los opositores alegan que la propuesta no es viable desde el punto de vista legal y fiscal. “Se estaría creando un departamento pobre”.

Sería, esta vez -pues las otras veces entran y salen otros municipios- un departamento integrado por unos 30 municipios con una población cercana a los 600 mil habitantes, lo cual podría constituirse en un paso hacia la descentralización.

Independiente del desenlace que pueda tener ese proceso separador, los gobernadores de estos departamentos aducen estar cerca a todos esos municipios distantes de sus respectivas ciudades capitales -como lo declararon los de Cesar y Santander- y que tratan de saldar la deuda histórica con esas poblaciones, pero requieren también del concurso del Gobierno nacional. Si el presidente dijo que es una zona “riquísima” tal vez se refiere a que, además del agro y su localización, tiene importantes recursos naturales como los hidrocarburos. Justo los que con su política sectorial no deja desarrollar bajo la modalidad del ‘fracking’ y que le daría recursos fiscales sustanciales a los municipios separados. Pues, sin ello, lamentablemente continuarán en la inmunda pobreza, esperando del centralismo regional y nacional.