Por décadas, el secuestro y las “pescas milagrosas” fueron una de las armas más temidas y recurrentes del conflicto armado en el Cesar. Así lo documenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que acaba de imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a antiguos mandos del Bloque Caribe de las FARC por su responsabilidad en al menos 827 secuestros en la región, un 15 % del total nacional.
Detrás de las cifras hay historias de dolor, estrategias criminales y estigmatizaciones que aún marcan a la sociedad cesarense. EL PILÓN entrevistó a la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll, a cargo del caso 01, correlatora del caso 10 y un subcaso del caso 11. En su labor en la JEP, Lemaitre ha estado a cargo de casos relacionados con secuestros y crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, particularmente en el Caribe colombiano, donde ha liderado investigaciones sobre la estructura y funcionamiento de los grupos armados y sus impactos en las víctimas.
Retenes y la “revista Jet Set”: la selección de víctimas
Uno de los patrones más extendidos fue la instalación de retenes ilegales en las vías del Caribe, conocidos en el argot guerrillero como “pescas milagrosas”. Según la magistrada Lemaitre Ripoll, “fue una de las estructuras que más secuestros extorsivos cometió en retenes ilegales o ‘pescas milagrosas’. La JEP documentó que instalaron por lo menos 49 retenes en las vías del Caribe y que la mayoría de las víctimas no tenía dinero suficiente para pagar por su liberación”.
En estos retenes, la selección de víctimas era a menudo arbitraria, pero no exenta de lógica criminal. Lemaitre relató que los guerrilleros “elegían a quién secuestrar según el carro, el apellido o incluso por aparecer en las páginas sociales de la revista Jet Set”. La información sobre el supuesto poder adquisitivo de una persona podía provenir de “la revista Semana, las páginas amarillas o los avisos más grandes del directorio telefónico”. Así, la sofisticación del secuestro no radicaba en la inteligencia previa, sino en la manipulación y el miedo: “La persona que está en una situación de angustia piensa que saben cuál es su finca, entonces tenían formas de sacarle información a la gente que habían secuestrado sobre su propia finanza, jugando con la desesperación y muchas mentiras”.
Secuestros que llaman “errores”
La magistrada explica que la práctica general de los secuestros cometidos por las extintas FARC en la región Caribe, y específicamente en el Cesar, se realizaba “sin mucha información, con errores; muchos de ellos le llaman errores, yo le digo que no son errores, son crímenes, pero errores en el sentido que no les representaba el dinero que ellos pensaban”. Esto quiere decir que, aunque la guerrilla buscaba obtener grandes sumas de dinero, en la mayoría de los casos no lograban alcanzar las expectativas económicas que tenían sobre sus víctimas.
A partir del año 2000, la política de la guerrilla fue secuestrar personas que, según su percepción, tuvieran un patrimonio superior a un millón de dólares. Sin embargo, esta selección no siempre fue precisa ni basada en información confiable. La magistrada detalla que “la forma como ellos interrogaban a la persona que estaba secuestrada era haciéndole creer que ya sabían todo”, por ejemplo, preguntándole “¿cuánto vale su finca?, lo que generaba en la víctima una angustia profunda al pensar que los captores conocían sus finanzas”. Además, utilizaban mentiras para aumentar la presión, diciéndoles cosas como “ya llamamos a su esposa, su esposa dice que en el banco no hay plata”, para provocar que la persona revelara más información valiosa en medio de la desesperación.
Respecto a la participación de las víctimas, la magistrada resalta la valentía de quienes deciden enfrentar el doloroso proceso de revivir sus experiencias, como el miembro de la familia Lacouture (aunque todos en esa familia pueden acreditarse como víctimas), que ha sido una de las pocas en atreverse a participar activamente. “Para las víctimas la participación es también una cuestión de tener la valentía para enfrentar lo que pasó, para acordarse de cosas que mucha gente no quiere acordarse, escarbar donde la mayoría ya no quiere escarbar”, explica Lemaitre. Este acto de coraje no solo es un paso personal, sino también un aporte al país y a la construcción de paz, pues “la gasolina de la guerra es el odio”, y reconocer la verdad es fundamental para superarlo.
El caso Lacouture: una familia marcada por el ensañamiento del secuestro
El sector ganadero del Cesar fue especialmente perseguido y estigmatizado, acusado de ser “aliado del paramilitarismo” cuando se negaba a pagar extorsiones. “La JEP menciona el encizañamiento del grupo criminal con la familia de ganaderos Lacouture, quienes sufrieron 15 secuestros y el asesinato de Fabio Lacouture Acosta, además de hoy continuar pagando créditos bancarios que su familia utilizó para pagar los rescates”, relató la magistrada Lemaitre.
Este ensañamiento no fue casual. Responde a la política de mando del Secretariado de las FARC, que ordenaba a sus frentes capturar a ganaderos y figuras públicas para obtener recursos o forzar intercambios de presos para enriquecerse. “Las víctimas, en su mayoría, no tenían los recursos para pagar los rescates exigidos, lo que derivó en tratos crueles, asesinatos y desapariciones forzadas”, explicó Lemaitre en su entrevista con EL PILÓN.
Carreteras del secuestro
Las Farc-EP utilizaron rutas estratégicas para movilizarse entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, aprovechando la cercanía geográfica y el apoyo de la población local. Según investigaciones, “los tramos por Fonseca y Barrancas eran relativamente breves y el apoyo a la insurgencia por parte de la población lo posibilitaba”. Esta conectividad facilitó que miembros del Frente 19, con base en la Sierra Nevada, se desplazaran hacia la Serranía del Perijá, ampliando su control territorial y aprovechando la ubicación fronteriza con Venezuela para refugiarse y dificultar la acción militar estatal.
Las guerrillas controlaban corredores que atravesaban municipios como Fonseca, Barrancas, Valledupar, y zonas en el Cesar y La Guajira, utilizando tanto carreteras como caminos rurales y senderos montañosos. Estos corredores les permitían instalar retenes ilegales para secuestros y extorsiones, además de asegurar rutas de movilidad para sus operaciones militares y logísticas. La Serranía del Perijá, por ser un corredor natural entre departamentos y frontera con Venezuela, se convirtió en un refugio estratégico, donde la guerrilla mantuvo presencia constante y dificultó los operativos militares.
Una herida abierta
El fenómeno del secuestro en el Cesar fue mucho más que una estrategia de financiación: fue una política sistemática de terror, exclusión y estigmatización. Los relatos recogidos por la JEP muestran que, detrás de cada retén y cada nombre en una lista, hay una familia marcada para siempre. Como concluye la magistrada Lemaitre, “por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial”.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
