Los habitantes de un sector de El Edén se encuentran preocupados tras la notificación de un desalojo que está programado para mañana martes 20 de noviembre a las ocho de la mañana.

De acuerdo con Luis Fernando Lara Vasquez, defensor de derechos humanos que hace parte del movimiento ciudadano Atrévete, este procedimiento les fue informado el pasado viernes por parte de la Inspección de Policía número uno por facultad de la administración municipal.

Cuando tuvieron conocimiento de esta decisión fue tarde, pero los representantes de estas personas alcanzaron a radicar un derecho de petición en la Alcaldía y la Unidad de Víctimas. De igual manera tienen previsto presentar otras acciones en todas estas entidades hoy como parte del acompañamiento que hacen para velar por los derechos de esta comunidad.

“Me parece grave que vayan a desalojar a la gente y no les tengan una solución”, expresó este defensor.

Lara Vasquez explicó que son cerca de 300 familias las amenazadas por esta decisión. Las mismas invadieron hace cuatro años unos predios en donde Fonvisocial desarrollaba un proyecto de viviendas del cual terminaron 60 casas y unas 80 quedaron a medio construir además de algunos lotes según Lara.

Dichas viviendas eran para personas que iban a ser reubicadas de la margen derecha del río Guatapurí. Anteriormente ya se había planeado un desalojo que fue detenido por una acción de tutela que falló el Consejo de Estado a favor de esta comunidad.

Esta población espera ya sea que se frene el desalojo o que la administración local se comprometa a cumplir con el fallo que ordena a la Alcaldía desde el año 2016 dar una solución a la problemática de vivienda que tienen.

“Si de pronto no hay un programa directamente ellos como Alcaldía, está Fonvisocial, Fonvivienda que es a nivel nacional y asesoren a la gente sobre cómo conseguir una vivienda”, sugirió Lara.

Frente a esta situación el asesor de la oficina jurídica de la Alcaldía, Miguel Rocha, explicó que no es una decisión autónoma o unilateral de la administración municipal ya que se da proque existen querellas policivas, órdenes judiciales y un proyecto de vivienda frenado que debe continuarse precisamente para beneficiar a otras personas que tienen calidad de víctimas y otras de población vulnerable.

Recordó Rocha que la génesis de este proceso inició con un proyecto que venía siendo desarrollado por Fonvisocial, precisamente destinado para trasladar personas que están en condición de riesgo en la ribera del río Guatapurí, la zona que se conoce como la margen derecha, a quienes se les otorgó un título que se denomina “carta cheque” en virtud del cual se les otorga un subsidio de vivienda.

Sin embargo de acuerdo con el funcionario, el desarrollo del proyecto fue interrumpido por terceros; algunos de ellos ostentan la calidad de víctimas, no todos, quienes lo invadieron y hasta hoy impiden su ejecución, colocando en grave riesgo el erario público y el beneficio previsto por Ley a sus verdaderos destinatarios.

Entonces se presentaron acciones constitucionales (acciones de tutela) en diferentes vías: Los destinatarios de las viviendas, a partir de la cartas cheques, pidieron que se desalojaran los invasores, se terminara y entregaran a ellos las viviendas. Al tiempo, los invasores pidieron garantía al derecho a una vivienda digna a la población desplazada por la violencia.

“Conclusión hay una colisión de derechos fundamentales y de igual valor para poblaciones que tienen protección especial”, aclaró Rocha.

Entonces existen varias sentencias de tutela; una que ordena el desalojo para proteger los derechos de las personas víctimas propietarias del proyecto y otra que ordena que antes del desalojo se haga un censo para distinguir de la población invasora quienes son las personas víctimas, entendiendo como tales las que han sido reconocidas por la Unidad de Víctimas y cuyas personas deben recibir albergue y ser incluidos en los programas de vivienda de la nación y departamento.

De la misma manera informó el mismo funcionario según información suministrada por Fonvisocial, luego de practicar y depurar el censo con la Unidad de Víctimas, muchas de las personas que están allí no son víctimas y están ocasionando un perjuicio a las que si lo son porque no permiten terminar el proyecto y entregar las viviendas.

Por lo tanto, la diligencia coordinada por la Secretaria de Gobierno va encaminada a desalojar las viviendas invadidas por personas que no son víctimas y que pudieran estar beneficiándose de forma irregular de esta situación. A esto se suma el agravante de que el constructor del proyecto quiere presentar demandas contra el municipio porque su proyecto está al borde del siniestro, lo cual sería cuantioso para la Alcaldía y por supuesto para todos los ciudadanos, enfatizó el asesor.

Por último, Rocha aclaró que este proyecto es respuesta al fallo del 2016 que existe sobre solución de vivienda a población vulnerables y de víctimas, al tiempo expresó que: “Hacemos un llamado a la sensatez, a aquellas personas que hemos identificado que tienen otras viviendas, han sido beneficiarios de otros proyectos o que no son víctimas y hoy están invadiendo el Edén, lo cual ha sido identificado por Fonvisocial, para que de manera voluntaria nos permitan seguir desarrollando esta iniciativa, de lo contrario el municipio se verá abocado a utilizar el procedimiento policivo, facultado por la misma constitución y la Ley”.