Según el Tribunal, la conducta de la Contraloría al calcular el daño presuntamente sufrido por Colombia como consecuencia de la ejecución del otrosí constituyó una medida irrazonable.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, confirmó ayer que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, condenó a Colombia a pagar 19.1 millones de dólares a Glencore, cuya firma en el país es Prodeco, dentro del proceso que llevaban ambas partes por un contrato en la mina Calenturitas, ubicada entre los municipios El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, en el departamento del Cesar.
A pesar del pago de los USD$19,1 millones que deberá cancelar el país, además del pago de intereses a una tasa del 2 % desde el 2016, la Defensa Jurídica del Estado lo consideró como ganancia en comparación con los cerca de $2,6 billones que exigía la empresa.
“Colombia gana en cuanto que no es condenada en los perjuicios que Glencore pedía y por los daños que pedía. Colombia gana en cuanto que el Tribunal reconoce pleno apego a las normas y al debido proceso en las actuaciones de la Contraloría General de la República y la Agencia de Minería. Es decir, Colombia es reconocida por el Tribunal por actuar dentro del marco jurídico del tratado”, explicó.
Transcribiendo la decisión impresa en un texto de más de 340 páginas, “el Tribunal no encuentra ninguna conducta grosera o grave sobre los derechos del debido proceso que Colombia lleva al contratista. La contraloría motivó bien su decisión”.
Con el otrosí se abrió la puerta para que se volviera negociar el pago de regalías por lo que el país dejó de recibir casi $60.000 millones por concepto de regalías. En su momento, bajo la dirección del contralor Edgardo Maya, se emitió un fallo de responsabilidad fiscal por $60.023 millones hacia el exministro de Minas, Hernán Martínez; el exdirector de Ingeominas, Mario Ballesteros; el director técnico, José Fernando Ceballos; y Prodeco, filial colombiana de Glencore, y la compañía La Previsora.
Según la autoridad, se dio un detrimento patrimonial en el ajuste que se hizo a través del otrosí No. 8 del 23 de enero de 2010, al contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito entre Prodeco e Ingeominas.
Por: Deivis Caro Daza/ El Pilón
Según el Tribunal, la conducta de la Contraloría al calcular el daño presuntamente sufrido por Colombia como consecuencia de la ejecución del otrosí constituyó una medida irrazonable.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, confirmó ayer que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, condenó a Colombia a pagar 19.1 millones de dólares a Glencore, cuya firma en el país es Prodeco, dentro del proceso que llevaban ambas partes por un contrato en la mina Calenturitas, ubicada entre los municipios El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, en el departamento del Cesar.
A pesar del pago de los USD$19,1 millones que deberá cancelar el país, además del pago de intereses a una tasa del 2 % desde el 2016, la Defensa Jurídica del Estado lo consideró como ganancia en comparación con los cerca de $2,6 billones que exigía la empresa.
“Colombia gana en cuanto que no es condenada en los perjuicios que Glencore pedía y por los daños que pedía. Colombia gana en cuanto que el Tribunal reconoce pleno apego a las normas y al debido proceso en las actuaciones de la Contraloría General de la República y la Agencia de Minería. Es decir, Colombia es reconocida por el Tribunal por actuar dentro del marco jurídico del tratado”, explicó.
Transcribiendo la decisión impresa en un texto de más de 340 páginas, “el Tribunal no encuentra ninguna conducta grosera o grave sobre los derechos del debido proceso que Colombia lleva al contratista. La contraloría motivó bien su decisión”.
Con el otrosí se abrió la puerta para que se volviera negociar el pago de regalías por lo que el país dejó de recibir casi $60.000 millones por concepto de regalías. En su momento, bajo la dirección del contralor Edgardo Maya, se emitió un fallo de responsabilidad fiscal por $60.023 millones hacia el exministro de Minas, Hernán Martínez; el exdirector de Ingeominas, Mario Ballesteros; el director técnico, José Fernando Ceballos; y Prodeco, filial colombiana de Glencore, y la compañía La Previsora.
Según la autoridad, se dio un detrimento patrimonial en el ajuste que se hizo a través del otrosí No. 8 del 23 de enero de 2010, al contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito entre Prodeco e Ingeominas.
Por: Deivis Caro Daza/ El Pilón