Aunque cada cierto tiempo se anuncie con bombos y platillos la expedición de normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y que busquen la efectividad del control fiscal y disciplinario, lo cierto es que en el nivel territorial a las contralorías y a la procuraduría no se les conocen mayores resultados.
De la configuración de ‘hallazgos fiscales’ y de la apertura de procesos de responsabilidad
fiscal’ en la Contraloría Municipal de Valledupar, en la Contraloría Departamental del
Cesar y en la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República (CGR) , pocón, pocón.
La vigilancia de los recursos públicos de la Nación, del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, se vuelven enunciados.
