Estos días han sido bastante agitados en la política colombiana. Los analistas lo consideran un periodo determinante en el cuatrienio del gobierno del presidente Gustavo Petro: aquel en que las instituciones fueron contrapeso y equilibrio en los poderes del Estado, atenuaron los efectos de la polarización, del desvío o exceso de las facultades presidenciales, y las cortes judiciales y el Congreso recobraron su valor como ejes de la preservación de la democracia y los derechos. Es llamativo en los regímenes presidenciales, esa especie de gobierno que tuvo su origen en la Constitución de los Estados Unidos, en que se elige a un gobernante directamente por el pueblo, con ausencia de un rey soberano como jefe y representante del Estado, ante las otras naciones, su recurrente tentación a predominar sobre las otras ramas del poder público. Lo estamos viendo en el gran país del norte, de la Unión Americana, y en nuestras latitudes latinoamericanas. La tentación autocrática de nuestros presidentes.
En medio de esas circunstancias se dio un elemento importante dentro de los propósitos del ejecutivo: la aprobación de una nueva reforma laboral, que ha tenido como protagonista central las apuestas políticas del presidente Petro, su puja con el Congreso pero también el hábil despliegue que, el ministro de Trabajo, el cesarense Antonio Sanguino, ha hecho para moverse entre las arenas movedizas de los lados de la tensión política entre Presidencia y el Congreso, por un lado, y, por el otro, tejiendo dentro de la misma corporación acuerdos para sacar adelante el cambio en el régimen laboral.
Reconocemos el exitoso desempeño en la materia del ministro Sanguino. Colombia cuenta hoy con importantes decisiones que beneficiarán a los trabajadores formales, sin dejar de considerar sus limitaciones y observaciones críticas como las que la micro y pequeña empresa ha expuesto sobre el contenido de la nueva ley del trabajo.
