Lo que está ocurriendo en Santa Marta no puede entenderse como un problema exclusivo de la capital del Magdalena. Cuando una organización armada ilegal tiene capacidad para paralizar el comercio, intimidar transportadores, afectar el turismo, imponer cobros a comerciantes y desafiar públicamente a la Fuerza Pública, el problema deja de ser local y adquiere una dimensión regional.
Y hay una paradoja: estamos hablando de una de las ciudades turísticas más importantes de Colombia. Precisamente por eso debería contar con condiciones excepcionales de seguridad y una presencia institucional capaz de proteger a residentes, visitantes, empresarios y trabajadores. Sin embargo, lo que se advierte es la expansión de economías criminales y de control ilegal que, desde distintos puntos de la Sierra Nevada y del corredor Caribe, pueden proyectarse hacia el Cesar y La Guajira.
Los hechos recientes son graves. Tras la muerte de alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), la organización anunció un paro armado y se registraron cierres de establecimientos, afectaciones al transporte, amenazas y hechos violentos en Santa Marta, además de situaciones reportadas en Riohacha y algunas alarmas en redes en Valledupar . El Gobierno Nacional respondió con el despliegue de la Fuerza Pública.
