La lógica elemental que soporta la responsabilidad institucional del Estado nos indica que los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, no pueden convertirse en víctimas de las decisiones administrativas del Gobierno.
La suspensión de la operación de los 50 CDI del departamento del Cesar, desde el pasado 31 de octubre, es una situación que merece mucho más que un comunicado institucional o una explicación sobre los procedimientos de contratación.
No se logra entender como cierran estos centros, desconociéndose que estos son espacios requeridos para el desarrollo de la primera infancia, particularmente para los hogares de menores ingresos, las madres cabeza de familia y los padres que necesitan trabajar con la tranquilidad de saber que sus hijos están en lugares seguros, recibiendo atención adecuada. Eso obliga a evaluar con mucha responsabilidad lo que está ocurriendo en el Cesar y no mirar el tema como un simple cambio de operadores cuando en realidad es una interrupción de una responsabilidad social que el Estado tiene la obligación de garantizar.
