Las heridas del Palacio de Justicia

La toma del Palacio de Justicia por parte de un comando urbano del Movimiento 19 de Abril (M-19), en plena Plaza de Bolívar de Bogotá, en noviembre de 1985, al igual que la operación de reacción, denominada contratoma, según algunos, por parte del Ejército Nacional, la Policía y otras dependencias del Estado, sigue generando controversia entre distintos sectores de la sociedad colombiana.
Estos hechos constituyen una página oscura de la historia nacional. Del mismo, sólo se conocen versiones a media, muchas de ellas encontradas, algunas mentiras, y –como sucede muchas veces- la gran sacrificada ha sido la verdad.
Hay que recordar que a la semana siguiente fue la tragedia de la avalancha de Armero, Tolima, cuando el Río Lagunilla creció a media noche y arrasó con todo un pueblo, dejando a miles de muertos, heridos y desplazados, en una de las peores calamidades en la historia del país. Este hecho, en buena parte, hizo que el país se olvidara, por un momento, de la tragedia del Palacio de Justicia. Una noticia tapó la otra, por decirlo de algún modo, como sucede muchas veces en un país con una realidad tan compleja como Colombia.
El tema tiene muchos matices, desde el punto de vista político y jurídico, todos ellos polémicos por cierto. El Presidente de la República en ese momento, el conservador Belisario Betancur, nunca asumió la responsabilidad directa y completa de lo ocurrido, en este sentido la acción del Congreso de la República, la instancia judicial para hacerle un control político sobre el tema, prácticamente lo absolvió.
Betancur, quien había sido muy amplio en materia de buscar una salida negociada al conflicto con la guerrilla, prefirió retirarse totalmente del mundo de la política y dedicarse a sus negocios particulares en el mundo editorial y a las actividades culturales. Igual sucedió con el Ministro de Defensa y la cúpula militar de la época, que fue debidamente juzgada por estos hechos.
Los familiares de las personas que fallecieron, tanto los funcionarios públicos de alto rango, como los particulares, tienen derecho a reclamar por los perjuicios ante estos hechos. Hubo muchos muertos, heridos y desaparecidos. Todavía hay muchos asuntos sin aclarar, sin lugar dudas…
El M-19, grupo subversivo que realizó la toma, se acogió a un proceso de Paz que se inició durante el Gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas y que concluyó en buen término, en el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo. Hubo una amnistía y luego participaron en la Constituyente de 1991 y algunos de sus máximos dirigentes han sido Ministros de estado, alcaldes, gobernadores, congresistas, etc.
Ahora, la toma vuelve a ser noticia: una juez de la República ha condenado en primera instancia al entonces Coronel, Alfonso Plazas Vega, en una decisión que ha sido duramente criticada por algunos sectores. Aparentemente, no tendría presentación que se juzgue sólo a este militar y no le pase nada al resto de la cúpula que estaba por encima de él y que fue, a la larga la que tomó las decisiones de fondo que se adoptaron para hacerle frente a ese desafuero del M-19 que pretendía juzgar a Betancur por el proceso de paz.
El coronel Plazas Vega tiene otras instancias para defenderse, se le acusa de varios delitos entre estos la desaparición forzosa de personas y estos tienen repercusiones internacionales.  Sobre todo este tema consideramos que se debe acatar y respetar la decisión de la Justicia. Se trata de una rama independiente y autónoma del poder público; no hacerlo sería atentar contra el Estado de Derecho.
Igualmente, se debe cuidar el proceso de paz con el M-19, proceso que ha sido modelo en materia de reinserción a la vida civil por parte de un grupo subversivo.
No obstante, el país requiere que se haga total claridad sobre estos hechos que rodearon la toma y la contra-toma del Palacio de Justicia, con el fin de establecer toda la verdad y buscar que esta herida en la historia del país comience a sanar, y para ello probablemente sea necesario una ley de punto final, que permita pasar esta página trágica de la historia reciente de Colombia.