Se conoce como decisión democrática aquella, que sustancial, tiene el concurso o ha sido dada a conocer previamente a personas, grupo social o estamento, que se se afectarían con la determinación del Estado. En la de ampliar el Parque Nacional Sierra Nevada en más de 170.000 hectáreas no se tuvo en cuenta el interés del municipio de Valledupar, de su alcalde y concejo, ni del departamental, ni de la comunidad vallenata y regional.
Se partió de la base de que era suficiente con la opinión de los pueblos indígenas asentados en la Sierra, pero no la del pueblo vallenato y sus representantes. Es sorprendente que ante el fin plausible de prevenir la depredación, la deforestación y la actividad minera en áreas por proteger se haya dirigido la ampliación a cercenar el derecho de una población que en dos décadas alcanzará el millón de habitantes, a tener un almacenamiento de agua, como lo tienen casi todas las ciudades capitales de Colombia al lado de un río y una alta montaña, para ser usada en las épocas del verano, regulando los caudales del río Guatapurí, y, al tiempo, aprovechándolos en un proyecto multi – propósito de generación de energía eléctrica limpia y renovable, de fuente para cultivar la tierra seca mediante un distrito de riego y producir alimentos; para desarrollar, en el cuerpo de agua, proyectos productivos como el turismo, la piscicultura y generar empleos e ingresos para la población del entorno, sean indígenas, campesinos afrodescendientes, todos ciudadanos con derechos (y deberes ) a la existencia y al goce en paz.
Si observamos atrás con detenimiento todos esos beneficios, desde los ambientales de regulación y de generación de energía, hasta los más productivos, coinciden con los propósitos del presidente Petro. De modo que desde estas páginas siempre apoyamos el proyecto (que no es una represa sino un embalse lateral) bajo los criterios de que pudiese ser el fruto de un acuerdo entre los pueblos de la Sierra y el pueblo de Valledupar.
