Como hemos expuesto en nuestras páginas, los asuntos viales y relacionados con logística y transporte son fundamentales para el desarrollo.
El gobierno Petro ha dado un respaldo a las políticas que desde el cambio de siglo el país decidió aumentando el porcentaje invertido del sector de infraestructura tanto en el presupuesto nacional como en el PIB, con la participación privada en su desarrollo. Esto a pesar de algunos anuncios, que no parecen ser tan factibles financieramente en el inmediato plazo, como el de congelar el valor de los peajes – que es el ingreso que anima a los participantes privados que se meten a invertir, construir y operar-; y reemplazar los costos que representarían los incrementos con las contribuciones del gravamen de valorización a los predios, pues este requiere de estudios, a ser socializados, técnicos, de impacto y dispersión. Ese no incremento implicaría una revisión de los contratos de concesión. Desde el punto de vista social la decisión es un beneficio para el transporte y usuarios de las carreteras, el grueso de la población colombiana, que cae bien en medio de la espiral inflacionaria.
En cuanto a la región además de apoyar los proyectos del Río Magdalena y la reactivación férrea de cargas distintas al carbón (y pasajeros), nos preocupa que si bien se ha contratado la concesión de la descuidada Ruta del Sol 2 (ahora Troncal del Magdalena), que va de norte a sur, se le baje el acelerador a las transversales de integración del interior de la Costa, de oriente a occidente. Un bus directo de la ruta Riohacha – Valledupar – Montería toma ¡15 horas!
