“No podemos perder el control sobre los controles que nos controlan”. Tanto los que defienden la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como los que quieren verla enterrada tienen razón en una parte y se equivocan en otra.
Empiezo por lo primero. Los resultados de la JEP han sido pobres; negarlo es insultar la inteligencia de los colombianos. Lleva ocho años y medio de creada y el presupuesto le ha asignado billones de pesos. Sus críticos le reprochan que solo ha producido cuatro sentencias de macrocasos, y su presidente promete siete al cierre de este año. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando la verdad plena, reparación y responsables con nombre propio.
Ramelli defiende que hay 3.600 decisiones con efecto de sentencia. Puede ser cierto, pero una institución que necesita un glosario para explicar sus resultados ya perdió la mitad de la batalla. La gente entiende de sentencias, de verdad y de plata bien gastada. Por eso, quienes piden recortarle el presupuesto tienen un argumento que la propia JEP sirvió en bandeja.
