Por: Darío Arregocés Baute.
La determinación de Abelardo Gabriel de acabar con el concurso de mérito y nombrar a dedo a los directores regionales del SENA y del ICBF persigue fines clientelistas, dejando a un lado el tema de la capacidad, idoneidad y competencia, para optar por nombrar a «los de siempre». En un país tan desigual como Colombia, el concurso de mérito de alguna manera equilibra la balanza, dando la oportunidad a quienes se han esforzado por salir adelante de acceder a un cargo público. En mi caso personal, tuve la oportunidad, a Dios gracias, de acceder al cargo de defensor de familia a través de un concurso de mérito para ingresar a la carrera administrativa. Posteriormente pude concursar para mejorar mi escala salarial. Es por ello por lo que me declaro defensor acérrimo del concurso de mérito, donde se escogen a los mejores para ejercer una función pública. No debe ser la palanca ni los privilegios el criterio a tener en cuenta para ocupar un cargo administrativo, pues no siempre «los recomendados» resultan ser los más capaces.
El artículo 125 de la Carta Política establece, por regla general, que los empleos públicos son de carrera administrativa, a excepción de los cargos de elección popular y los de libre nombramiento y remoción, y que aquellos cargos cuyo nombramiento no esté fijado por la Constitución y la ley deben ser provistos por concurso público.
