Generación viene, generación va, y la escombrera no se hace realidad. Sería el estribillo perfecto para Valledupar, tras un proyecto que no se concreta, pese a un mandato judicial.
Una acción de cumplimiento dictada en su momento por el juez sexto administrativo, Aníbal Martínez Pimienta, a instancia del procurador judicial agrario y ambiental, Rafael Cantillo Ortega, en el gobierno de ‘Tuto’ Uhía, como alcalde de Valledupar, fue un saludo a la bandera, aunque podría flamear con el Mello Castro en la medida en que haya voluntad política para ejecutar la obra.
Las leyes tienen un efecto ultra activo y el desacato a una acción de cumplimiento podría acarrear implicaciones jurídicas a cualquier mandatario en ejercicio o a futuro, por lo que hasta ahora ha sido un monumento a la desidia y al abandono, que han convertido la margen derecha del río Guatapurí en la escombrera del Plan Centro de Valledupar y otras actividades no menos nocivas en lo ecológico, sanitario y en la propia seguridad de los vallenatos, sin que se conozca proceso sancionatorio alguno de autoridad de gobierno, ambiental, organismos de control, representante de la sociedad civil, del orden disciplinario, fiscal o en defensa de los derechos humanos, llámese procuraduría, personería, corpocesar, contraloría o alcaldía.
