Según las estadísticas oficiales, un colombiano consume en promedio al año 42 kilogramos (kg) de arroz, 61 kg de papa, 33,2 kg de pollo y 17 de carne bovina, 40 kg de aceites vegetales, 334 huevos, 141 litros de leche y 20 kilos de pan. Les quedo debiendo el consumo per cápita de la yuca con suero ‘salao’.
Para garantizarle estos alimentos básicos a 50 millones de colombianos, los productores del campo deben levantarse todos los días del año a producir alrededor de 4 millones de toneladas de plátano y 2 millones de yuca, 1,6 millones de toneladas de pollo, 900 mil de carnes bovina y 500 mil de cerdos; más de 7.000 millones de litros de leche, unos 16.000 millones de huevos, alrededor de 2 millones de toneladas de arroz, 2,7 millones de papas 6 millones de maíces, 1.3 millones de trigo y dos millones de toneladas de soya. Para cocinar esos alimentos se requieren 1.7 millones de toneladas de aceite de palma.
Desafortunadamente, gran parte de estos alimentos y materias primas -alrededor de unos 14 millones de toneladas-, deben traerse anualmente de otros paises, porque el Estado no ha brindado las garantías fundamentales a los empresarios del campo para producirlos de manera competitiva acá en Colombia. La especial protección que debe brindar el Estado en la producción de alimentos, construcción de vías terciarias e infraestructura de riego, adecuación de terrenos, acceso a créditos de fomento y promoción de investigación y transferencia de tecnologías, y que está estipulado en el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, es un saludo a la bandera. Si en este país, el poder judicial hubiese ejercido vigilancia y exigido cumplimiento a lo ordenado en nuestra constitución, hace rato, estuviéramos explotando los 39 millones de hectáreas que tenemos aptas para el desarrollo agrícola del país, y no las 5.3 millones de hectáreas que explotamos hoy con ineficiencia. Un indicador vergonzoso de la gestión pública que hace honor a la improvisación, ineficiencia y la falta de planeación.
