La actual campaña a la Presidencia de la República y la elección misma, será recordada como la de mayores exabruptos y quizá la más peligrosa en términos de la desinstitucionalización que haya sufrido el estado Colombiano, pues todos asistimos en vivo y en directo a una campaña donde el jefe del estado y la mayoría de las instituciones no solo entraron abiertamente a participar en política rompiendo de manera inédita la constitución del 91, sino que se volvieron jefes de campaña del candidato del partido de gobierno, esto por supuesto vaticina una derrota abultada en las próximas elecciones.
Creo que es un deber aclarar a la audiencia que no soy “petrista” ni hago activismo político de izquierda ni nada que se le parezca, y la columna corresponde a mi opinión personal como ciudadano y como aprendiz de analista político; hecha esta aclaración trataré de hacer una explicación sustentada del título de la misma.
En 2018 el candidato Iván Duque se eligió con unas propuestas de campaña que prometían no solo la reducción de los impuestos sino el aumento de los salarios y una paz con legalidad que implicaba una lucha frontal contra la corrupción; por supuesto fue un discurso que caló en lo más profundo de la clase media y los empresarios, sin embargo, un porcentaje muy alto no votó por Iván Duque sino en contra del candidato Gustavo Petro.
