¿Cuál es el interés de la izquierda en hacer ratificar, como sea, el acuerdo de Escazú, a pesar de sus evidentes inconveniencias para el desarrollo y la soberanía jurídica del país, como lo ha manifestado reiteradamente el Consejo Gremial Nacional?
En principio, hace parte de su estrategia populista de recoger “causas justas”, pues el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en A.L.C.”, firmado en 2018 en Escazú, Costa Rica, es “ambiental”, apellido que lo hace intocable, aunque no compartirlo no nos convierte en enemigos del planeta, como no compartir el fariano no nos convertía en enemigos de la paz.
Escazú es una adaptación del Convenio de Aarhus, ciudad danesa donde se firmó, en 1998, un documento similar para Europa. De hecho, la única diferencia sustancial es que el europeo no tiene el componente sobre “Defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, porque allá no hay narcotráfico que los asesine a diario.
