Hace cuatro años -por esta época-, un grupo de colaboradores del candidato presidencial Iván Duque, le sugerimos enfocar la política agraria hacia la reducción de los costos de producción; el aumento de la productividad; la eliminación de las causas en la ineficiencia de los agronegocios y la cobertura de las rentas de los productores del campo, con el fin de poder competir con los productores de los países con los cuales suscribimos 16 Tratados de Libre Comercio.
Desafortunadamente, en Palacio, terminaron orientando la política agraria hacia unos programas baladíes recomendados por una firma de consultoría global y un par de bibliotecarios del agro apadrinados por la oficina de la vicepresidencia de la República. Hoy, cuatro años después, los resultados de gestión no pueden ser peores.
Revisando las estadísticas del Dane, observo que el PIB agropecuario, cayó del 5.9% al 2.4% entre el 2018 y el 2021. Se prevén peores resultados para el primer y segundo trimestre de 2022, por la caída de la superficie agrícola y la baja productividad como consecuencia de la trepada de los precios de los insumos agrícolas, el difícil acceso a créditos bancarios, la inexistencia de canales y distritos de riego y la ausencia de un instrumento de cobertura de precios mínimos al productor. Esta desacertada e improvisada política agropecuaria tiene hoy al país con los más altos índices de desempleo rural (10%), Precio al Productor (45.4%); Precio al Consumidor (8.01%); inflación anual (8.53%) y pobreza monetaria rural (43%).
