Las imágenes de la asonada contra la Corte Suprema de Justicia nos hicieron recordar la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del grupo M-19. Qué paradoja, pero, ante todo, qué torpeza del Gobierno idear y promover estas marchas que no podían terminar en nada distinto a lo que observamos en la tarde del día jueves. Centenares de personas, puedo imaginar la mayoría funcionarios públicos, dirigentes y militantes de Fecode y empleados del Sena, también miembros de la guardia indígena y no pocos encapuchados parecidos a los que protagonizaron las marchas contra el presidente Duque, y que ya nadie duda fueron protagonistas principales de la campaña petrista a la presidencia.
En comunicado leído por su presidente y con la Corte sitiada pidió garantías, no solo para ejercer sus funciones con autonomía, sino que también exigió el respeto a su integridad y la seguridad de todos los funcionarios del Palacio de Justicia. Puedo imaginarme la zozobra en el edificio cuando presintieron que los manifestantes, armados de palos y quién sabe qué otros elementos, intentaron forzar la entrada del parqueadero de la carrera 12.
Lo ocurrido es el preámbulo de lo que podría venir. Cómo puede ser posible que el propio presidente de la República enfile sus hordas de manifestantes para presionar una decisión de la Corte Suprema de Justicia, violentando su autonomía y violando también el principio constitucional de la separación de poderes. Lo que vimos el jueves, a mi modo de ver, no es otra cosa que la antesala de la ruptura institucional generalizada que amenaza al país.
