COLUMNA

La tierra invadida

La Hacienda La Oka, en Curumaní, Cesar, fue víctima de una ocupación por parte de 200 personas que amedrentaron a los trabajadores, le quitaron las llaves al administrador y se tomaron la finca, aduciendo que son parte de un “comité pro reivindicación de tierras” y, que, sencillamente, la necesitaban para trabajarla. 

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Tiempos difíciles se avizoran para los productores agropecuarios, no tanto por el propósito del gobierno de profundizar el Fondo Gratuito de 3 millones de hectáreas para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, sino por la incertidumbre sobre cómo se obtendrán esas tierras, y por la amenaza de quienes se sienten autorizados para ocupar o invadir fincas productivas, con impactos económicos y sociales traumáticos en  la  región. 

La Hacienda La Oka, en Curumaní, Cesar, fue víctima de una ocupación por parte de 200 personas que amedrentaron a los trabajadores, le quitaron las llaves al administrador y se tomaron la finca, aduciendo que son parte de un “comité pro reivindicación de tierras” y, que, sencillamente, la necesitaban para trabajarla. 

¿Qué preocupa? El ruido de la consigna zapatista que incendió a México a comienzos del siglo pasado -¡La tierra para quien la trabaja!-, no tanto porque acceda a tierras el campesino que la trabaja, que es el objeto del Fondo Gratuito, sino porque los invasores, en  Cauca, en el Valle y en la Costa Caribe, no son precisamente campesinos, sino fichas al servicio de vaya uno a saber qué intereses, que buscan generar situaciones de conflicto alrededor de la propiedad privada y afectar el desarrollo normal de las actividades productivas, algo que el gobierno deberá evitar y enfrentar, si es el caso. 

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