El anterior gobierno de Iván Duque estableció un derrotero para la Transición energética mediante el documento CONPES 4075 de 2022, el cual tuvo como insumo las recomendaciones de la Misión de Transformación energética que se conformó en 2019, cuyo informe se conoció un año después.
Indudablemente, el banderazo en la grilla de partida de la transición energética se la dio la expedición de la Ley 1715 de 2014, al dar paso a las primeras subastas de FNCER. Posteriormente la Ley 2099 de 2021 amplió su alcance y el espectro de sus beneficios, desplegando el abanico de las renovables, extendiéndoselos a la eficiencia energética, a la captura de CO2, así como al almacenamiento de energía a gran escala.
Colombia, como el resto del mundo, tiene una matriz energética en la que predominan, con el 66%, las fuentes de energía de origen fósil (carbón, petróleo y gas natural). Se impone, entonces la necesidad de reducir su consumo y el camino es la electrificación de la economía, pero como ello no se va a lograr de la noche a la mañana hay que mejorar la calidad de los combustibles que consume el parque automotor, como lo viene haciendo Colombia con la mezcla de los biocombustibles y con el uso del gas vehicular, que es menos contaminante que la gasolina – motor.
