La manida frase, atribuida a Otto Von Bismarck, el célebre estadista prusiano del siglo XIX, de que la política es el arte de lo posible tiene mucho de cierto y asertivo. La traigo a colación a propósito del desenlace final de la puja en el Congreso de la República en torno al tortuoso trámite y aprobación del proyecto de ley que reforma el Código Laboral, a iniciativa del ejecutivo. Inicialmente había sido aprobado en la Cámara de Representantes en sus dos primeros debates reglamentarios, pero posteriormente se truncó en la Comisión 7ª del Senado de la República, en donde se aprobó una ponencia de archivo, siendo apelada esta decisión ante la plenaria de esta corporación, tal y como lo prevé la Ley 5ª de 1992 que reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República.
No obstante, la lectura que le dio el ejecutivo al “hundimiento” del proyecto, fue la misma reacción frente a otros proyectos tan controvertidos como el de la reforma a la salud, calificándolo como un “bloqueo institucional”.
Aunque, como le recordó al ministro de Justicia Eduardo Montealegre el destacado jurista Mauricio Gaona, “el bloqueo institucional que usted llama, la ciencia política y constitucional en el mundo le llama oposición y la oposición es el precio a pagar por la democracia”.
La respuesta del Presidente de la República Gustavo Petro fue tirar por la calle del medio, decretando la convocatoria de una consulta popular para el 7 de agosto, para que fuera el voto ciudadano el que dijera la última palabra sobre la suerte de la reforma laboral. Como lo dispone la Constitución Política, dicha convocatoria tenía que pasar por el cedazo del Senado de la República para su visto bueno, negándolo por un estrecho margen en la votación de la misma, cuyo resultado fue cuestionado por el ejecutivo, al punto de convocar dicha consulta recurriendo al que denominó el hoy ministro de Justicia como el “decretazo” (0639 de 2025).
