El país arde en llamas. Más de 700 incendios. 952 municipios en peligro, de los cuales 600 en alerta roja. Nadie, pero mucho menos el Gobierno Nacional, puede declararse sorprendido ante la catastrófica situación. Pero, como siempre, el presidente Petro en su permanente búsqueda de responsables ahora acusa a los alcaldes y gobernadores por falta de previsión.
Olvida que la Ley 1523 de 2012, que estableció el sistema nacional de gestión de riesgos de desastre y de la cual fui autor como ministro del Interior, en su artículo 3 establece que corresponde a la Nación la gestión integral del riesgo contra incendios y expresamente al presidente la conducción del sistema. A su turno, señala que los departamentos y municipios ejercen funciones de coordinación y complementariedad. La gravedad de la situación no es para andar evadiendo responsabilidades.
Y menos ante una catástrofe anunciada como esta. Solo recordar que la Procuraduría General de la Nación advirtió desde el mes de octubre sobre los previsibles efectos del fenómeno de El Niño en materia de incendios forestales y exhortó a todas las autoridades a implementar acciones urgentes para prevenir, mitigar y atender los incendios. Pidió a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fortalecer sus capacidades para dar respuesta a la emergencia y facilitar la coordinación entre entidades. Igualmente, al Ministerio de Ambiente presentar informes mensuales y la destinación de los recursos asignados por más de 2 billones de pesos.
Pero, como es natural, ninguna entidad ni nadie hizo nada en el Gobierno. O mejor corrijo, sí hicieron. Recortaron todos los presupuestos de las entidades encargadas. Veamos: en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre se redujo en 25.000 millones de pesos el monto destinado a inversión. No así el de la frondosa burocracia encabezada por el señor Olmedo López, cuyas credenciales solo lo acreditan como politiquero profesional y quien se encuentra suspendido de su cargo por la Contraloría General de la República y, según informan, ostenta la remuneración más alta del Gobierno, 80 millones mensuales. Sin palabras.
