La Constitución Política de 1991 expresa que Colombia es un Estado Social de Derecho y una república democrática, pero del dicho al hecho…. Veamos: Un Estado Social de Derecho es aquel que procura la satisfacción de las necesidades básicas de sus asociados. En Colombia esto es una utopía, un sueño por realizar, pues el Estado frente al deber de garantizar de manera real y efectiva los derechos fundamentales y libertades ciudadanas, la separación e independencia de las ramas del poder público, la participación ciudadana en la toma de decisiones, elecciones libres y democráticas, equidad social, respeto a la diversidad, y la protección al medio ambiente, se ha quedado corto, al punto que sus ciudadanos no se sienten representados por sus gobernantes, generándose una verdadera crisis de sus instituciones republicanas.
Ahora bien, decir que Colombia es un país democrático, cuando buena parte de su historia fue gobernada bajo la figura del Estado de Sitio y del Estatuto de Seguridad, cuando los organismos de control y el ente investigador son satélites del Ejecutivo, donde el Congreso no legisla sobre los asuntos sensibles de la sociedad, donde se perdió la soberanía alimentaria, donde la inflación está por encima del 8%, donde la salud está secuestrada por el sector privado, donde la educación es privilegio de pocos, donde el grueso de la población trabaja en la informalidad y no tendrá derecho a pensionarse nunca, donde la inseguridad es tema de todos los días, donde el desempleo de 13.7% resta oportunidades de trabajo a nuestra juventud.
En gracia de discusión dirán algunos que el Estado Social de Derecho es una meta a la que se llegará de manera gradual y progresiva. Y dirán también, que el crecimiento económico de Colombia fue del 10.6% en 2021, la cifra más alta en toda su historia republicana; no obstante, ¿de qué nos sirve ese desarrollo económico si no se genera empleo?
