Por Imelda Daza Cotes
Después de una semana de protestas y paro nacional agrario no se vislumbran soluciones a los firmes reclamos del pueblo inconforme.
Los pliegos evidencian la legitimidad de las peticiones que, si bien son variadas, coinciden en el rechazo total a las políticas neoliberales, reniegan de los TLC por sus funestos efectos sobre el tejido económico, piden reivindicaciones sociales y cumplimiento de pactos anteriores. Pero las exigencias populares son incompatibles con los planes del gobierno que en vez de producir alimentos y promover el desarrollo industrial prefiere la gran minería transnacional y la agroindustria exportadora; y como si fuera poco, parece inclinado a la destrucción de la economía campesina, agobiada por los altos costos de producción y problemas de mercadeo. Todo esto exasperó a un pueblo que no está dispuesto a aguantar más. El estallido social refleja la grave crisis social que vive el país
Los participantes han reiterado el carácter pacífico de sus protestas y han mostrado un buen nivel de organización a pesar de la infiltración de los saboteadores de siempre. Es decir, estarían dadas las condiciones para un diálogo democrático y fructífero, pero el gobierno no ha gestionado el conflicto adecuadamente, optó por la represión que en muchos lugares ha sido brutal; con atropellos y estigmatizaciones de todo tipo han pretendido amedrentar a quienes protestan, un líder campesino denunció que se sienten tratados como invasores, porque efectivamente los militares actúan como ejércitos de ocupación. Jóvenes soldados y policías fuertemente armados, desconociendo, muchos de ellos, su origen campesino y su pertenencia social han sido capaces de atacar a campesinos llenos de razones, de coraje y de mucha rabia. Las redes sociales han denunciado los abusos de la policía. La cobertura por parte de los medios de comunicación ha sido mínima y los medios alternativos han visto limitado su accionar.
