La fragilidad de la Ley 142 de 1994, rectora de los servicios públicos domiciliarios en nuestro país, ha hecho que las empresas proveedoras del servicio de acueducto y alcantarillado sufran la cíclica amenaza privatizadora de los alcaldes, toda vez que habilidosamente esquivan la responsabilidad directa sobre las fallas en la operación del servicio y administración de los recursos de la empresa.
Hoy el turno es para la Empresa de Servicios Públicos de La Paz-EMPAZ, por cuanto se adelanta una licitación pública tendiente a buscar un operador privado para el cumplimiento de sus actividades misionales y otras ‘complementarias’, no se cuales puedan ser, por un lapso de tiempo de 25 años. Con los consabidos incrementos y cuestionados intríngulis que hoy dejan mal parado el ejercicio de la política.
El fantasma que ronda estas empresas no es nuevo, recuerdo que en mi época de concejal de ese querido municipio estuvo sobre el tapete este tipo de iniciativas, sobre todo porque realmente el servicio era pésimo y la sostenibilidad económica era nula, los meses de deuda con los empleados crecía directamente proporcional a las dificultades de recaudo, precisamente porque el agua no llegaba a los hogares pacíficos.
