La designación del nuevo ministro de Minas y Energía confirma la regla de que en este gobierno todo es susceptible de empeorar. El sector energético tuvo un fugaz respiro con la salida de Irene Vélez, que por poco acaba con la institucionalidad y la confianza en un sector del que depende buena parte de los ingresos de la nación, de la inversión social y del crecimiento de la economía y el empleo. Su teoría del decrecimiento, también avalada por el presidente Petro, su cruzada contra la exploración de hidrocarburos y sus constantes amenazas contra el sector eléctrico hicieron pensar a muchos que nadie podría hacer una peor gestión. Escribí la semana pasada que eran positivas las expectativas con el nuevo ministro. Pero nos equivocamos.
El pasado fin de semana el ministro Camacho hizo su debut en Santa Marta con motivo de la convocatoria de su primera asamblea popular de la energía. Se despachó contra todo. Instaló tarima en el centro del salón para advertir que los usuarios y las usuarias estarían en el centro de la atención del Gobierno. Advirtió también que el gobierno del cambio había venido a cambiarlo todo, pero que no podría hacerlo sin el respaldo popular de los comunales y las comunales, de los sindicatos, del poder popular. El propósito, dijo, es desatar la energía como un derecho.
Entre las perlas del populismo y las arengas que lanzó al auditorio destaco las siguientes: como telón de fondo, dijo que todos los problemas del sector nacieron cuando se privatizaron las empresas. Es evidente que al ministro no le gusta nada de lo sucedido a partir de la aprobación de las leyes 142 y 143 de 1994. Como no le gustan las empresas, dijo que no se sentará con ellas sino con el pueblo; no le gusta tampoco la estructura tarifaria, no le gusta el sector de generación desde que Isagén se privatizó, su dolor de cabeza es el sector de la distribución, pues se quedan o tal vez quiso decir se roban los subsidios, no le gusta tampoco el control político.
