La capital de Costa Rica sirvió como escenario de un hecho trascendental que marcaría el devenir de nuestra historia, pues fue allí donde tuvo lugar la suscripción de la Convención Americana de los Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José; instrumento internacional promovido por la O.E.A. que versa sobre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, aprobado por Colombia mediante la Ley 16 de 1972 y cuya entrada en vigencia para nuestro país cumplirá el próximo 18 de julio la bicoca de 44 años. Dicha fecha cobra singular importancia en momentos en los que soplan con fuerza vientos de cambio.
Este convenio aboga en defensa del derecho del sufragio como piedra, angular de la democracia, asignando la competencia exclusiva para el juzgamiento de funcionarios de elección popular a la Fiscalía y a los jueces penales, que no en un órgano administrativo, vale decir no jurisdiccional, que investiga por presuntas faltas disciplinarias, cuando lo que se exige es que sea por la comisión de delitos. (Ver Artículo 23 numeral 2° de la C.I.D.H.).
Es así, como se plantea la posibilidad de acabar con la Procuraduría General de la Nación, organismo actualmente cooptado por el ejecutivo, burocratizado y para colmo politizado y, que esa legión de funcionarios, pase a engrosar un cuerpo élite anticorrupción en la Fiscalía.
