Un trino de Petro del pasado viernes debe despertar todas las alarmas. Petro dice que a) hay una “ruptura institucional” porque la Procuraduría suspendió al Canciller y porque “la Fiscalía investiga al presidente”, b) que “se han allanado sindicatos, se ha torturado”, c) que “no es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como ‘el ñeñe’ que la del sindicato de maestros”, d) que hay una “toma mafiosa de la fiscalía” y que e) “solicita al pueblo la máxima movilización popular”.
Petro no solo no aporta una sola prueba, sino que sus acusaciones son un abierto ataque contra la Fiscalía, que debe sumarse al que hace a la Procuraduría al negarse a separar del cargo al Canciller.
Quienes han tenido nexos con mafiosos y los han beneficiado son Petro, su familia y su gobierno. Él participó en la planeación del asalto del Palacio de Justicia. Hay pruebas de que alias Sobrino y el Hombre Malboro aportaron a la campaña. Su hermano sostuvo que las elecciones se ganaron por el apoyo de criminales. La lista de decisiones de gobierno que favorecen a los narcos es larga.
En cuanto al Ñeñe, Petro miente y ataca a la Suprema que, en sentencia de 2022, dijo que “no se cuenta en el expediente con ninguna prueba certera de la presunta participación de Hernández en la campaña”.
De lo que no hay duda es de que en la de Petro se violaron los topes en gastos y se recibió financiación no declarada. La última, los 500 millones de FECODE, deslegitima la elección de Petro y enreda a Ricardo Roa, a Dagoberto Quiroga y a los sindicalistas que se prestaron para la trampa. Investigar penalmente a esas personas es obligación de la Fiscalía. Como lo es la de trasladar al CNE y a la Comisión de Acusaciones los resultados.
