Mientras que Petro niega la realidad en su Twitter, el país se está desencuadernando por todos los costados. La Fuerza Pública está paralizada por cuenta del cese del fuego unilateral del Estado y la aguda desmoralización de soldados y policías, los grupos violentos siguen delinquiendo y muy distintos grupos poblacionales se sienten legitimados para acudir a paros, bloqueos, asonadas y otras vías de hecho, con la violación flagrante de los derechos de la mayorías, impotentes y asustadas, y bajo la pasiva mirada de los uniformados.
El último episodio se desarrolla en estos momentos en el Bajo Cauca, donde doce municipios están bajo toque de queda. Si en Caquetá son las Farc quienes instrumentalizan a los campesinos, en Antioquia es el ‘Clan del Golfo’ el que alienta a los mineros ilegales. En todas partes la estrategia es la misma: poner a un sector de las comunidades, casi siempre minoritario, por delante, excusarse en el derecho a la protesta, acudir a la violencia y los desmanes y arrodillar al Gobierno que, con actitud complaciente, entrega lo que se le pide en beneficio de los grupos violentos que son los que se nutren de las economías criminales del narcotráfico y la minería ilegal.
Como el mensaje explícito del Gobierno es que la Policía no intervendrá, que cuando lo haga no podrá usar la fuerza y que si es atacada no tendrá apoyo, como en el Caguán, lo previsible es que las vías de hecho sigan multiplicándose, la Policía se esconda todo lo que pueda y las mayorías ciudadanas queden a la deriva y sus derechos de trabajo y movilización, desprotegidos. El del Gobierno es un estímulo perverso para la repetición y multiplicación de los bloques, las asonadas y la violencia.
