La pretensión del Gobierno de controlarlo todo se extendió esta semana a la Cámara de Comercio de Bogotá en donde, contra viento y marea, el propio presidente Petro impuso al polémico doctor Ovidio Claros como director de la entidad. Lo mismo terminará ocurriendo en las demás cámaras de comercio del país, que son y han sido siempre espacios de acción y expresión del sector privado.
Similar estrategia hemos visto desplegarse desde la Presidencia de la República en torno a los gremios de la producción. Aun cuando la mayoría se han resistido a esta intervención, otros han preferido ir por el fácil y cortoplacista camino de sacrificar su independencia en aras de mantener la comunicación con el Gobierno. Muy deplorable y costosa decisión.
Y como si fuera poco, ahora van por las cajas de compensación familiar, otro bastión del sector privado, que ha contribuido como pocos a mejorar la calidad de vida de los colombianos en temas tan sensibles como la salud, la educación, la recreación y la vivienda. A este gobierno no le sirve nada que no controle, nada que no sea una extensión del Estado, nada que pueda oler a iniciativa privada.
