Como se recordará, la empresa Air-e, fue objeto de intervención con fines de administración el pasado mes de septiembre por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, procediendo en consecuencia a la toma de posesión de la misma, Al anunciar esta decisión, el entonces superintendente Dagoberto Quiroga manifestó que no se descartaba la liquidación “si no se alcanzan los objetivos”.
Pues bien, acaba de expedirse por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos una resolución mediante la cual la modalidad de su intervención a la empresa Air-e pasa de la modalidad con fines de administración a otra con fines de liquidación. Con el fin de “adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”. Esta decisión estuvo antecedida y motivada en el “Informe diagnóstico de gestión remitido por el Agente especial de Air–e (intervenida), que muestra la compleja situación financiera y operativa de la empresa”.
Según lo acota la propia Superintendencia, con “la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho y desde la Superintendencia se adelantarán las medidas necesarias para que Air–e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley”. Empero, para lograr dicho cometido la Superintendencia está en la obligación de solventar a la empresa, darle liquidez y flujo de caja para mantenerla a flote y garantizar su operación y así evitar un apagón. Y ello solo se puede lograr inyectándole los recursos que requiere, sobre todo para comprar la energía que distribuye. Para ello la Superintendencia cuenta como fuente de financiamiento el Fondo empresarial, la mera intervención, ‘per se’, no resuelve la delicada crisis financiera, que llevaron a la intervención.
