Después de analizar la situación de la exgobernadora de La Guajira, capturada en Bogotá, un juez resolvió enviarla a la cárcel mientras se adelanta un juicio en su contra.
La medida de aseguramiento fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación, con la que el Juzgado 35 Penal Municipal de Garantías de Bogotá estuvo de acuerdo y envió a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, a un centro carcelario, por ser la presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Aunque la exmandataria se declaró inocente, de acuerdo con la Fiscalía, en caso de quedar en libertad, Pinto podría afectar el proceso penal a su favor por el poder político que tiene en el departamento.
El ente investigador advirtió que la exmandataria habría incurrido en delitos que involucran el erario y el dinero destinado para la alimentación de los menores de edad en esta zona del país.
Los hechos por lo que es investigada se remontan al año 2011 en el municipio de Albania, cuando fueron denunciadas las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Yan Keller Hernández Herazo.
Según las investigaciones, en los contratos celebrados por la alcaldía de dicho municipio se evidenciaron irregularidades en los convenios interadministrativos 008 y 004, que fueron suscritos con el Hospital San Rafael de Albania, por 18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio. Sin embargo, estos fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos.
Por estos hechos ya son procesados el exalcalde Yan Keller Hernández y nueve particulares que subcontrataron para la coordinación de los programas.
Oneida Pinto tendrá que responder por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Después de analizar la situación de la exgobernadora de La Guajira, capturada en Bogotá, un juez resolvió enviarla a la cárcel mientras se adelanta un juicio en su contra.
La medida de aseguramiento fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación, con la que el Juzgado 35 Penal Municipal de Garantías de Bogotá estuvo de acuerdo y envió a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, a un centro carcelario, por ser la presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Aunque la exmandataria se declaró inocente, de acuerdo con la Fiscalía, en caso de quedar en libertad, Pinto podría afectar el proceso penal a su favor por el poder político que tiene en el departamento.
El ente investigador advirtió que la exmandataria habría incurrido en delitos que involucran el erario y el dinero destinado para la alimentación de los menores de edad en esta zona del país.
Los hechos por lo que es investigada se remontan al año 2011 en el municipio de Albania, cuando fueron denunciadas las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Yan Keller Hernández Herazo.
Según las investigaciones, en los contratos celebrados por la alcaldía de dicho municipio se evidenciaron irregularidades en los convenios interadministrativos 008 y 004, que fueron suscritos con el Hospital San Rafael de Albania, por 18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio. Sin embargo, estos fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos.
Por estos hechos ya son procesados el exalcalde Yan Keller Hernández y nueve particulares que subcontrataron para la coordinación de los programas.
Oneida Pinto tendrá que responder por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.