Hasta la misma ciudadanía percibe, a simple vista, que en Valledupar es insuficiente el pie de fuerza de la Policía Nacional. Los pocos efectivos que hay no alcanzan a contrarrestar la ola de crímenes que a diario se presenta en esta ciudad.
Los hechos recientes son dicientes: cuatro asesinatos aislados en menos de 15 horas. Las cifras de muertes violentas de este año, 2025, superan a las del 2024 para este mismo periodo. A corte del 16 de julio van 69 personas asesinadas, tres más en comparación con el año anterior, que registró 66 para esta misma fecha.
Pero lo que más inquieta a las comunidades es que el fenómeno haya aumentado en el 2025, cuando se esperaba que disminuyera y que hubiese mayor control del crimen organizado, en razón a la creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que además es dirigida por un experto en el tema y con amplia experiencia en esa materia.
Recordemos que esa sectorial fue aprobada por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 018 del 19 de noviembre de 2024, que facultó al alcalde Ernesto Orozco para la creación de dicha secretaría, para articular con la Fuerza Pública, Policía Metropolitana, Ejército y Fiscalía todas las acciones encaminadas a la lucha contra la delincuencia en la ciudad y sus 25 corregimientos.
Se generó mucha expectativa y esperanza alrededor de esa secretaría de seguridad, a la que se le dio un alto perfil para enfrentar el gran reto. En ese sentido, el alcalde Orozco puso al general retirado del Ejército Nacional, Pablo Bonilla, al frente de esa dependencia municipal. “Debo agradecer a todos los concejales que han entendido la magnitud de la creación de esta secretaría; han interpretado las dos necesidades más sentidas de los vallenatos: empleo y seguridad”, dijo en su momento Bonilla.
Todo eso deja claro que tanto el alcalde Ernesto Orozco como los concejales tienen plena conciencia de la magnitud y tamaño del problema de inseguridad en Valledupar y han mostrado interés para afrontarlo, y eso hay que reconocerlo. Pero, lastimosamente, los resultados todavía no son los esperados.
Las cifras de muertes violentas hacen evidente que tanto la administración municipal como las autoridades policiales no están en capacidad logística para contrarrestar al crimen y todas las manifestaciones de inseguridad en Valledupar. Se sabe que son muchos los esfuerzos hechos; sin embargo, la situación de inseguridad sigue creciendo en las calles, en los establecimientos públicos y en cualquier parte de la ciudad. La gente anda con miedo.
Es fácil ver o encontrar en las calles gente armada movilizándose en motocicleta, como también es normal no registrar la presencia policial en los distintos sectores de la ciudad.
La situación de inseguridad se mantiene latente, lo cual motivó al concejal André Molina Carvajal a solicitar de manera pública “medidas contundentes por parte del Estado para garantizar la tranquilidad de los vallenatos”. Es bueno exigir y preocuparse por el tema; no obstante, eso no es suficiente. Hay que pasar de las palabras a las acciones y decisiones de acompañamiento a todo el aparato institucional, para que surja el apoyo que se requiere del orden departamental y nacional, que haga posible un mayor pie de fuerza y la dotación de todas las herramientas logísticas y tecnológicas capaces de afrontar con éxito el grave problema.
Todos los estamentos locales de la institucionalidad están llamados a actuar unidos y rodear a la administración municipal para consolidar una gestión de alto nivel que provoque efectos en el Gobierno nacional, en pro de conseguir una solución del mismo tamaño de este problema que agobia a Valledupar.
