En Valledupar hay cerca de 42 mil afiliados a la EPS Saludcoop, que el próximo martes primero de diciembre cerrará sus puertas definitivamente por decisión del Gobierno Nacional ante los actos de corrupción allí encontrados.

No se esperaba menos con este caso. El daño patrimonial por 1.4 billones de pesos que se causó su grupo directivo al Estado con la desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Los afiliados en esta Empresa Prestadora de Salud en Colombia superan los cuatro millones, y en todo el Cesar la cifra supera los 50 mil usuarios, que pasará a manos de otra EPS, Cafesalud, que también tiene un historial de irregularidades en su servicio. La Defensoría del Pueblo ha dicho vigilará la atención de los afiliados que ahora hacen tránsito de una EPS a otra, porque le preocupa que uno de los elementos negativos de Saludcoop, que era la cifra de tutelas, 12.374 en 2014, que interponían los usuarios a través del Ministerio Público porque no tenían garantías para recibir una buena atención, también los tiene Cafesalud que registra un alto porcentaje de tutelas, las cuales ahora con el aumento de afiliados seguramente aumentarán.

La Defensoría y la Contraloría General de la República han sido enfáticos en anunciar que vigilarán muy de cerca todo este proceso, tanto del servicio de salud a los afiliados, como el daño patrimonial causado por Saludcoop al Estado.

Aunque todo este problema se dirime en Bogotá, de donde salen las directrices para todos los departamentos del país donde tiene presencia la EPS más grande de Colombia, es un tema que debe interesar también en el Cesar a las personerías, a la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, cuyas territoriales no pueden ser inferiores a lo que dicen sus cabezas en la capital del país.

Que los 42 mil afiliados que están registrados en el Cesar no queden desamparados, sino que se les acompañe para que los traumatismos de esta migración sean mínimos.

Ya sabemos que la Contraloría General de la República decretó y mantiene vigentes medidas cautelares sobre varios inmuebles de propiedad de la EPS y del señor Carlos Gustavo Palacino Antía, su presidente en la época de los hechos que dieron lugar a este millonario detrimento patrimonial.

También que si habrá efectos fiscales sobre los responsables, pero también debe existir en las regiones la tranquilidad de que no dejarán solos a los afiliados, especialmente el Gobierno y las autoridades competentes han trazado un plan de contingencia para enfrentar la liquidación de Saludcoop, incluyendo un grupo especial de la Superintendencia de Salud para el trámite de quejas.

Que estas directrices no se queden en Bogotá, sino que lleguen a las regiones, como el Cesar, donde hay un número importante de afiliados a Saludcoop, entidad que le debe al sistema hospitalario cesarense más de tres mil millones.