De las 25 alcaldías evaluadas en el periodo 2015 el 48%, es decir, 12 no alcanzan a obtener 60 puntos, que es el mínimo aceptable, lo que pone en evidencia las mayores falencias en los indicadores que estudia el IGA.
La Procuraduría General de la Nación ha venido evaluando la gestión pública territorial con el fin de prevenir riesgos de corrupción, a partir de los reportes de los sistemas de información de los entes territoriales, que en su nivel de cumplimiento era crítico, pues se reportaban datos incompletos.
Es así como a partir del 2010 se perfeccionó el diseño del Índice de Gobierno Abierto (IGA) e inició su aplicación en las 1.101 alcaldías y 32 gobernaciones, esto como un instrumento preventivo que permite en la práctica anticiparse a los riesgos de posibles irregularidades en el ejercicio de lo público.
En este estudio el departamento del Cesar ha tenido altos y bajos a nivel general, pero aunque ha logrado estar por encima del promedio nacional, los municipios individualmente no han obtenido los mejores resultados.
Según los informes publicados por la Procuraduría, para la vigencia 2015, el Cesar logró mejorar los resultados obtenidos en 2014, pasando de 58,68 y de ubicarse en el puesto 27 entre los 32 departamentos, a obtener un puntaje de 76,15 y quedar en la octava posición, con un promedio superior al nacional que está en 69,2.
Aunque aparentemente tiene una buena posición a nivel general, los resultados obtenidos por cada una de las alcaldías, no lo dejan muy bien parado, pues el departamento sobresale en el cuadro de las administraciones municipales evaluadas en el periodo 2015 que no alcanzan a obtener 60 puntos, que es el mínimo aceptable.
En total son 12 los municipios que no superan el puntaje mínimo, es decir, el 48% de las poblaciones cesarenses que muestran las mayores falencias en los indicadores que mide el IGA.
El caso más crítico se evidencia en el municipio de Codazzi, que obtuvo 45,11 puntos y se ubica en la posición 1077 ranking, registrando una calificación inferior al mínimo esperado, seguido de Chimichagua con 51,07; Chiriguaná con 51.82 y Río de Oro con 53,32 puntos.
Caso contrario con el municipio de Becerril que obtuvo el mayor puntaje en el Cesar con 79,42 y se ubicó en el puesto 73 a nivel nacional.
Estos resultados permiten concluir que si bien se han tenido avances tanto en la capacidad de observación sobre el cumplimiento de las normas estratégicas anticorrupción en los territorios, como en el desempeño de los municipios frente a los indicadores evaluados a través del IGA, hay poblaciones con resultados muy preocupantes y se evidencian indicadores como el de Publicación de Contratos, que es crítico en materia de riesgos de corrupción, sobre los que se debe prestar mayor atención.
Aunque en el 2015 las gobernaciones, incluyendo la del Cesar mejoraron en los reportes de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a través del Formulario Único Territorial y aumentaron la calificación en los reportes sobre el Sistema General de Participación, la Procuraduría General de la Nación formula un llamado a las administraciones departamentales para que se observen estrictamente todas las normas que rigen la contratación estatal y para que adopten las medidas y controles que se consideren necesarios para que los equipos de trabajo que desarrollan esa gestión contractual conozcan y cumplan con tales disposiciones y formalidades.
Las gobernaciones de La Guajira, Chocó y Vaupés no lograron mejorar el comportamiento de sus indicadores frente a la anterior medición del IGA y se mantuvieron en los últimos lugares del ranking nacional con calificaciones inferiores a 60 puntos.
Cabe resaltar que el IGA se basa teniendo en cuenta indicadores como: organización de la información, exposición de la información y diálogo de la información. A través de estos se evalúan los mecanismos utilizados por las autoridades territoriales para facilitar que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil se involucren en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública, y para rendir cuentas sobre la gestión ejecutada.
Andreina Bandera/ EL PILÓN
[email protected]
De las 25 alcaldías evaluadas en el periodo 2015 el 48%, es decir, 12 no alcanzan a obtener 60 puntos, que es el mínimo aceptable, lo que pone en evidencia las mayores falencias en los indicadores que estudia el IGA.
La Procuraduría General de la Nación ha venido evaluando la gestión pública territorial con el fin de prevenir riesgos de corrupción, a partir de los reportes de los sistemas de información de los entes territoriales, que en su nivel de cumplimiento era crítico, pues se reportaban datos incompletos.
Es así como a partir del 2010 se perfeccionó el diseño del Índice de Gobierno Abierto (IGA) e inició su aplicación en las 1.101 alcaldías y 32 gobernaciones, esto como un instrumento preventivo que permite en la práctica anticiparse a los riesgos de posibles irregularidades en el ejercicio de lo público.
En este estudio el departamento del Cesar ha tenido altos y bajos a nivel general, pero aunque ha logrado estar por encima del promedio nacional, los municipios individualmente no han obtenido los mejores resultados.
Según los informes publicados por la Procuraduría, para la vigencia 2015, el Cesar logró mejorar los resultados obtenidos en 2014, pasando de 58,68 y de ubicarse en el puesto 27 entre los 32 departamentos, a obtener un puntaje de 76,15 y quedar en la octava posición, con un promedio superior al nacional que está en 69,2.
Aunque aparentemente tiene una buena posición a nivel general, los resultados obtenidos por cada una de las alcaldías, no lo dejan muy bien parado, pues el departamento sobresale en el cuadro de las administraciones municipales evaluadas en el periodo 2015 que no alcanzan a obtener 60 puntos, que es el mínimo aceptable.
En total son 12 los municipios que no superan el puntaje mínimo, es decir, el 48% de las poblaciones cesarenses que muestran las mayores falencias en los indicadores que mide el IGA.
El caso más crítico se evidencia en el municipio de Codazzi, que obtuvo 45,11 puntos y se ubica en la posición 1077 ranking, registrando una calificación inferior al mínimo esperado, seguido de Chimichagua con 51,07; Chiriguaná con 51.82 y Río de Oro con 53,32 puntos.
Caso contrario con el municipio de Becerril que obtuvo el mayor puntaje en el Cesar con 79,42 y se ubicó en el puesto 73 a nivel nacional.
Estos resultados permiten concluir que si bien se han tenido avances tanto en la capacidad de observación sobre el cumplimiento de las normas estratégicas anticorrupción en los territorios, como en el desempeño de los municipios frente a los indicadores evaluados a través del IGA, hay poblaciones con resultados muy preocupantes y se evidencian indicadores como el de Publicación de Contratos, que es crítico en materia de riesgos de corrupción, sobre los que se debe prestar mayor atención.
Aunque en el 2015 las gobernaciones, incluyendo la del Cesar mejoraron en los reportes de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a través del Formulario Único Territorial y aumentaron la calificación en los reportes sobre el Sistema General de Participación, la Procuraduría General de la Nación formula un llamado a las administraciones departamentales para que se observen estrictamente todas las normas que rigen la contratación estatal y para que adopten las medidas y controles que se consideren necesarios para que los equipos de trabajo que desarrollan esa gestión contractual conozcan y cumplan con tales disposiciones y formalidades.
Las gobernaciones de La Guajira, Chocó y Vaupés no lograron mejorar el comportamiento de sus indicadores frente a la anterior medición del IGA y se mantuvieron en los últimos lugares del ranking nacional con calificaciones inferiores a 60 puntos.
Cabe resaltar que el IGA se basa teniendo en cuenta indicadores como: organización de la información, exposición de la información y diálogo de la información. A través de estos se evalúan los mecanismos utilizados por las autoridades territoriales para facilitar que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil se involucren en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública, y para rendir cuentas sobre la gestión ejecutada.
Andreina Bandera/ EL PILÓN
[email protected]