Para ayer se tenía previsto el debate final del empréstito por 22 mil millones de pesos que la Administración requiere argumentando la ejecución de varias obras en beneficio de la comunidad de Valledupar, pero en últimas fue aplazado por no contar con las especificaciones correspondientes requeridas por la Corporación.

Una certificación por parte de la Secretaría de Obras Públicas de que las obras que contempla el proyecto se terminarían en este gobierno, podría ser el pasaporte directo para la obtención de estos recursos.

En el marco de lo que sería el debate, distintos sectores de la ciudad llegaron a las instalaciones de la Corporación con pancartas con el fin que no se apruebe el proyecto que según manifestaron varios de los asistentes, dejará quebrado y sepultado al Municipio.

El presidente de la Corporación, Hernán Felipe Araújo, dijo que como este año es el último del gobierno no se pueden tramitar vigencias futuras hay impedimentos para el tema de las reservas presupuestales, por ello enviaron una solicitud que coincide casualmente con el control de advertencia que hace la Procuraduría donde le piden al Secretario de obras que certifique que se pueden cumplir y ejecutar esas obras este año.

Araújo sostuvo además, “nosotros aprobamos un empréstito sujeto a ese compromiso y si ellos lo incumplen será responsabilidad netamente de ellos pero no del Concejo. Seguimos estudiando hasta último momento el proyecto y lo que queremos es cuidarnos y tomarnos todo el tiempo necesario para evitarnos un inconveniente a futuro”.

También indicó que todo apunta a que el proyecto lo reducirán porque no alcanzan a ejecutar los ocho proyectos que contempla, así las cosas el empréstito ya no sería por 22 mil millones de pesos si no por menos.

Al respecto, el secretario de Obras Públicas, Jair González Vigna sustentó que la suspensión del debate obedece a que desde su sectorial solicitaron aplazarlo por 24 horas, esto debido a que el pasado 6 de agosto el Concejo requirió unos documentos a los ya expuestos, “pero yo no puedo tomar la decisión solo si no hacerme acompañar por la Oficina Asesora de Jurídica, Planeación y Hacienda para entregar el documento respectivo”.

Varios se oponen
Álvaro Otálora, de la Comuna Uno, barrio El Carmen llegó hasta el Concejo Municipal para hacer sentir su voz, “sabemos que esto es un robo solo que están disfrazándolo pero nos están robando, yo invito a los concejales para que reflexionen, piensen por su pueblo porque están empeñando un municipio a 15 años, es algo ilegal, inaceptable, no sé qué es lo que tiene ese contrato que los atrae tanto, que se están arriesgando a procesos jurídicos”.

De otro lado la concejal, Adriana Mejía, aseguró que su voto para este proyecto es negativo, “somos conscientes que desde el 16 de julio que este proyecto está radicado, lo han cambiado dos veces y aún no lo hemos podido aprobar porque cada vez que es el debate le falta un requisito, es una irresponsabilidad por parte de la Administración, ellos tenían que venir preparados con todas sus certificaciones y con todos sus anexos”.

Mejía calificó como inaudito de llegar aprobarse el empréstito, es así que expresó que no compartía que a cinco meses de acabar una administración, justo a tres meses de una candidatura política, vengan a aprobar un empréstito de 22 mil millones de pesos.

“Hoy para el debate les tenemos unas perlitas guardadas para decirle a toda la audiencia pública lo que realmente está pasando con ese semáforo en verde que tanto dicen tener”, expresó.

En ese mismo sentido, el concejal Ricardo Vives precisó, “cada día encontramos la perversidad de este proyecto y de la Administración al querer dejar desfasada fiscalmente a la ciudad y a la próxima administración, como un proyecto tan macro donde hicieron un Consejo de Política Social y no tienen el soporte jurídico, dónde estaba entonces la Oficina de Jurídica a última hora vienen a decir que le falta el sustento jurídico cuando es fundamental la presencia de la doctora Mery, por eso insistimos que la improvisación reina y no podemos permitir nosotros que se apruebe un empréstito de 22 mil millones de pesos que le va a significar en 15 años al municipio 35 mil millones de pesos pagando casi 14 mil millones de pesos en intereses”.

Finalmente el personero Alfonso Campo Martínez dijo que se unían a lo que dice la Procuraduría, para que este empréstito tenga claramente la ruta que debe ser jurídica y que existan las garantías presupuestales, lo más importante es que al final esos recursos lleguen porque nada hacen si aprueban el empréstito y los recursos no se invierten o nada hacen si los vallenatos pagan un impuesto y no se ven los recursos, cree que los empréstitos ayudan pero siempre y cuando exista una inversión clara en las obras y en los proyectos que se presentan y es ahí donde los órganos de control cumplen una función importante, todo tiene que ser apoyado jurídicamente.

En días pasados, la Procuraduría Regional del Cesar hizo una actuación preventiva al Concejo de Valledupar por el empréstito de 22 mil millones de pesos, en el comunicado el Ministerio Público le dice al presidente del Concejo, Hernán Felipe Araújo Ariza, que tenga en cuenta el Artículo 71 del Decreto 111 de 1996: “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificación de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos”.

El Concejo de Valledupar solicitó al Secretario de Obras Públicas certificar que de ser aprobado el empréstito, las obras allí contempladas deben ser ejecutadas este año.

Letty Polo Thomas
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