Con notorios moretones en sus brazos terminó Luisa* luego de fuertes estrujones por parte de su esposo, quien la maltrata desde hace tiempo de manera verbal, y con quien establece desde hace tres meses un proceso de separación. Pese al fuerte dolor que sentía en su cuerpo se dirigió posteriormente ante las autoridades pertinentes a denunciar el hecho, pero tuvo que afrontar ‘un viacrucis’ para ser escuchada, incrementando así el daño emocional.

“Me maltrato así de repente; sin más ni más, porque no fue en medio de una pelea. Nosotros vivimos en la misma casa, pero en habitaciones separadas. Yo estaba en mi cuarto y él llegó tumbando cosas que estaban encima del clóset, cuando fui a evitar que siguiera con esa actitud, me agredió. Cuando voy a la URI a colocar la demanda no me la reciben porque era miércoles por la noche, alegando que como no había capturado debía ir al otro día en la mañana. El jueves, él (compañero sentimental) llega primero que yo, luego de autolesionarse para hacer creer que yo lo había maltratado, y le toman la demanda; a mí no me lo permiten porque no podían recibir dos demandas por el mismo hecho. Y de ahí empezó mi recorrido de una institución a otra buscando la forma de dar mi versión de los hechos, buscando la forma de protegerme”, manifestó la víctima.

Luisa* tocó las puertas de la Inspección Permanente de Policía, ubicada en el barrio Fundadores, la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, el centro de atención de la Fiscalía en la carrera 11A, entre calles 14 y 15, y luego al Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales, CAIVAS, en la carrera 16A con calle 18, pero en ninguna obtuvo una respuesta clara de lo que debía hacer. Ella cuenta que los funcionarios que la atendieron le hicieron comentarios machistas que la revictimizan.

“En la Permanente, sin escuchar mi versión, un funcionario cuando vio mis moretones me dijo: -qué le había hecho para que él me haya agredido, porque él de buenas a primera no me iba a pegar-.

Si uno viene agredido de la casa y en las instituciones va a recibir más agresiones no dan ganas de seguir adelante en el proceso de denuncia”, afirmó.

Así como a Luisa* muchas mujeres que sufren maltrato físico y verbal deben aguantar este tipo de situaciones que torna más difícil la violencia, que son todos los actos que atentan contra el ejercicio pleno de derecho, que se traduce especialmente en maltrato físico, psicológico, sexual, patrimonial, económico, entre otros.

Al respecto, la psicóloga Angélica Arias Preciado, quien hace parte de la Red Párala Ya, Nada Justifica la Violencia contra las Mujeres, dijo que cuando ocurre una situación de violencia contra la mujer lo que intenta una fémina en medio del miedo y angustia del maltrato (que implica la dependencia afectiva, económica, alteración del entorno familiar) es hacer un gran esfuerzo por ir a las instituciones a poner en conocimiento lo que ha sucedido para tratar que esa situación termine.

“Cuando las víctimas reciben frases de los funcionarios a donde acuden como: “Y tú que le hiciste para que te haya pegado” y “tú eres la que no quiere arreglar las cosas”, o cuando la ponen a conciliar con el agresor son situaciones que la ponen en un escenario de violencia porque le impiden la posibilidad que esa situación se arregle y tenga alguna medida de protección y la ruta frente a una demanda que impide que esa mujer pueda restablecer sus derechos frente a una vida libre de violencia. Estamos hablando de una revictimización porque los funcionarios no tienen idea del daño que ocasionan cuando actúan de esta manera”, subrayó.

Por su parte, Beatriz Ramírez David, del Colectivo de Pensamiento y Acción: Mujeres, Paz y Seguridad, afirmó que “las mujeres no contamos con garantías para el acceso a la justicia, es lo real y es lo que hemos sentido. Los funcionarios de las diversas instituciones implicadas en casos de violencia contra la mujer no tienen la mínima sensibilidad de perspectiva de género. Por los hechos ocurridos las últimas semanas a raíz del feminicidio de Claudia Rodríguez en el Centro Comercial Santafé de la capital del país, que es el caso emblemático que tenemos las activistas del derecho de las mujeres, nos hacen creer que al Estado no les importa tomar las medidas necesarias para que en términos reales se cumpla la Ley”.

En este caso el victimario estuvo preso por un anterior homicidio, quedó en libertad y luego mató a otra mujer, por lo que manifestó:

“Realmente las mujeres estamos preocupadas e impotentes de ver que los funcionarios siguen revictimizando al decirles ‘qué que hizo para que la tratara así’ y al entregarle la boleta de citación para que se la entregue a su victimario, lo cual la coloca en riesgo. El círculo burocrático pone en más riesgo a las mujeres y la responsabilidad que tienen las instituciones en caso de feminicidio y violencia se caracteriza por su inoperancia”.

Agregó que se hace urgente que la Comisión Legal de Equidad del Congreso active la emergencia de seguridad para las mujeres, teniendo en cuenta que los últimos hechos a nivel nacional demuestran que estamos en emergencia para la protección de la vida de las mujeres para conseguir una justicia efectiva y rápida.

Entre tanto, Eliana Riaño Vivas, de la Mesa de Seguimiento a la Ley 1257, afirmó que “en Colombia contamos desde hace nueve años con una ley que sanciona la violencia contra la mujer; lamentablemente aún es poco conocida en los funcionarios públicos que tienen que atender estos casos, sumado a que no tienen una perspectiva de género, lo cual se ve reflejado en su atención. Para nosotros es preocupante este panorama porque éstos no responden de la manera adecuada a las mujeres víctimas de violencia. Esto sin duda es responsabilidad del Estado porque los feminicidios que ocurren en Colombia en su gran mayoría son de mujeres que previamente han denunciado una o varias veces ante la Comisaría o Fiscalía. Pareciera que el Estado no quisiera asumir la responsabilidad de las garantías que debe brindarle a las víctimas”.

¿Qué debo hacer su sufro agresión física?

La Ley 1257 establece una ruta donde lo primero que tiene que suceder es que la entidad tenga conocimiento del hecho, direccionalice a la Fiscalía especializada para estos casos, que son los CAIVAS. En estos casos puede llegar a la Comisaría de Familia u hospital. Igualmente si hay lesiones personales, las víctimas se dirigen a Medicina Legal para que le haga valoraciones psicológicas y físicas, para determinar el tipo de afectación y eso haga parte sumarial de la investigación que se adelanta en la Fiscalía. Luego se realiza una remisión para que se establezca las medidas debidas para el caso, de tal forma que la mujer cuente con las medidas de protección necesarias que garanticen su integridad física.

“Nuestra preocupación es que como las entidades trabajan de manera articulada debe haber una coordinación real en lo concreto. Los funcionarios ya no deben hablar de sensibilización y enfatizar que la violencia contra la mujer es un delito, y por lo tanto cuando se intenta buscar una responsable, por lo general la mujer se le pone todo el peso de la culpa, lo cual vuelve a afectar a esa víctima. Hay que superar el paradigma machista que tienen las instituciones. La violencia contra la mujer debe entenderse como un fenómeno estructural y sistémico (relacionado a problemáticas económicas, culturales, políticas, jurídicas”, aclaró Angélica Arias Preciado.

Panorama nacional

– En lo que va del año 2017 la cifra de feminicidios alcanza los 225, de estos nueve ocurrieron en el Cesar, convirtiéndose en el séptimo departamento con más casos. La lista la encabeza Valle del Cauca con 43, le sigue Cundinamarca y Antioquia con 30, Atlántico con 13, Cauca y Córdoba 10. Estos números contrastan con lo que ocurre en Arauca, Risaralda, Sucre y Vichada, donde solo se ha registrado un caso respectivamente.

-Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el año 2015 se registraron 47.248 casos de violencia de pareja en Colombia. Esto supone una tasa de 119,24 por cada 100.000 habitantes y 1.601 casos menos que el año 2014. Sin embargo, este tipo de violencia tiene una tendencia estable desde 2005. Las mujeres son la población más afectada por este tipo de violencia (86,66 %) y en el 47,27 % de los casos, el presunto agresor es su compañero permanente y en un 29,33 % su excompañero. Independientemente del sexo, el 43 % del total de víctimas se concentró en personas jóvenes entre los 20 y 29 años.

-Durante el 2014 se practicaron en Colombia 10.402 dictámenes por violencia contra niños, niñas y adolescentes. La tasa por cada 100.000 habitantes y una tendencia al descenso en la última década según sexo de la víctima es mayor en las mujeres (70,64). De acuerdo con el ciclo vital, el grupo de edad con mayor porcentaje de casos es el de la adolescencia (12 a 17 años).

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN