Este lunes en una rueda de prensa el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en compañía con el comandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro, se refirió a una reciente publicación de la revista Semana en la que reveló supuestas ‘chuzadas’ ilegales contra magistrados, políticos y periodistas.

Holmes mencionó que desde el pasado sábado cuando se conoció la publicación de Semana iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, la cual contará con todo el apoyo del Ministerio de Defensa.

Lee también: Escenarios de la Villa Olímpica serían modificados

“El Gobierno Nacional condena todo acto violatorio de la Constitución, la Ley, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en contra de cualquier ciudadano colombiano“, dijo el ministro.

Al tiempo, Holmes mencionó que la política del presidente Iván Duque va en contra de las interceptaciones y persecuciones ilegales. Además, dijo que el Gobierno garantiza la transparencia en las investigaciones relacionadas con este caso.

“El Gobierno Nacional garantiza transparencia y promueve que se adelanten todas las investigaciones necesarias de carácter disciplinario, administrativo, penal o fiscal por parte de los organismos competentes, para establecer los hechos que se han denunciado“, dijo.

Y añadió: “De hallarse que sí hubo irregularidades, el Gobierno exige que los responsables sean sancionados de manera ejemplar“.

Lee también: Se ‘voló’ un pare y causó la muerte de una mujer de 50 años

Por otro lado, Carlos Holmes Trujillo reiteró que la salida del general Nicacio Martínez de la comandancia del Ejército Nacional se debió a razones personales, tal como se había anunciado en diciembre pasado.

¿Qué decía el reportaje de Semana?

Según el reportaje de Semana publicado el sábado, al parecer, en el último año, dentro del Ejército se habría ordenado realizar múltiples interceptaciones de comunicaciones sin ningún tipo de orden ni justificación legal.

Según la revista, una de esas acciones estaría dirigida al senador Roy Barreras, al exgobernador de Nariño, Camilo Romero, y a la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana.

De acuerdo con la publicación, las interceptaciones ilegales se habrían realizado desde las guarniciones de Catam y el Cantón de Comunicaciones de Facatativá.