El Ministerio de Educación ordenó abrir una investigación preliminar a la Universidad Popular del Cesar por una supuesta violación a las normas de tipo legal y estatutario;  directamente a la inobservancia del reglamento interno del Consejo Superior Universitario y el Estatuto General de la Universidad. 

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Dicha investigación se da a través de la Resolución Nº 022462 del 1 de diciembre de 2020, como respuesta a la queja presentada por la delegada del presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario, Jackeline Marlyory González Padilla, al advertir de supuestas irregularidades dentro del claustro universitario, al convocar y celebrar sesiones extraordinarias por parte del CSU sin cumplir con las disposiciones normativas vigentes y aplicables.

La funcionaria advirtió que se adelantaron actuaciones administrativas por parte del CSU, pese a que se presentaron tres recusaciones en contra de los miembros activos y un impedimento formulado por ella misma sin que a la fecha hayan sido resueltos por la autoridad competente.

Esta resolución se da luego que la semana pasada esta misma entidad, mediante un oficio de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, pidiera explicaciones a los tres integrantes del CSU que sesionaron y eligieron como rector encargado a José Rafael Sierra Lafauríe, aunque se había  advertido la existencia de posibles irregularidades.

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Para dicha investigación, el Ministerio de Educación asignó a un investigador especializado adscrito a la Subdirección de Inspección y Vigilancia.

RECLAMO DE SUELDOS

 Los trabajadores del alma mater protestaron este jueves en la sede Hurtado, exigiendo la cancelación del mes de noviembre. Al parecer, el pago no se ha dado porque uno de los dos rectores encargados ordenó bloquear las cuentas bancarias.

POR MILAGRO SÁNCHEZ FLÓREZ.