En torno al proceso de elección de rector en la Universidad Popular del Cesar han salido a relucir todo tipo de denuncias, sobre politiquería y decisiones amañadas de la actual administración para supuestamente mantener a miembros de su grupo cercano con las riendas de esta institución. La UPC es una de las universidades públicas más importantes de la región, con 16.388 estudiantes de pregrado y 2.268 de posgrado.

No entraremos a juzgar si las denuncias tienen suficiente validez, eso deben determinarlo los organismos de control y autoridades competentes, pero tocamos el tema en este espacio editorial para invitar a los estamentos de la universidad a revisar con lupa cada actuación relacionada con el proceso de elección de nuevo rector. Las universidades como centro de conocimiento y formadoras de profesionales deben ser luz en medio de la oscuridad de un país como el nuestro, estigmatizado por la corrupción.
El calendario electoral ya fue aprobado y publicado. El 18 de marzo empieza el proselitismo, del 2 al 12 de abril serán las inscripciones, el 14 de junio la consulta estamentaria y el 28 del mismo mes la escogencia de rector. Sin embargo, la mayor molestia del proceso surge por la reunión de este miércoles a la que el rector Enrique Meza Daza convocó al Consejo Superior Universitario para debatir varios temas, entre ellos la adición de un parágrafo al artículo 7 del acuerdo 038 del 31 de julio de 2004, que cambiaría sustancialmente las reglas de juego para los aspirantes a la rectoría.

Según los opositores de Meza, esa modificación es un mico a todas luces, porque se suponía que las reglas de juego ya estaban definidas y de dársele aprobación a este ajuste de última hora se podría favorecer a unos candidatos y ponerle talanquera a otros que vienen ganando reconocimiento en la institución.

Consideramos que las reglas son cumplirse y con base en estas debe abrírsele espacio de participación a los funcionarios que han mostrado con sus acciones buenas intenciones, que quieren sacar la institución adelante y mejorar los índices de calidad de educativa que actualmente no son los más deseables.

Con la adición, que Meza Daza no había socializado al cierre de esta edición, se conoció que pretendería fijar que el aspirante a rector debe tener cinco años de experiencia dentro de la universidad o cargo académico, y que los docentes solo sean de tiempo completo, lo cual dejaría a más de 900 catedráticos sin la posibilidad de poner su nombre a consideración en el proceso eleccionario.

El futuro de la elección está en manos de los miembros del Consejo Superior, como máximo órgano de dirección y gobierno del alma máter. Esperamos que hoy se tome una buena decisión para garantizar un proceso transparente y democrático que lleve al candidato con la mejor hoja de vida a tomar las riendas de la UPC desde el próximo 7 de julio hasta el 6 de julio de 2023.