En el Cesar, la tenencia y comercialización ilegal de animales silvestres como iguanas, guacamayas y loros sigue siendo un desafío ambiental grave que afecta ecosistemas y biodiversidad, pese a las sanciones previstas en la ley colombiana. Adriana Margarita García Arévalo, directora de Corpocesar, habló sobre las acciones institucionales y la problemática social vinculada a esta práctica.
Según la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), la tenencia de fauna silvestre, incluidos loros y iguanas, sin los permisos legales constituye un delito ambiental sancionado con multas superiores a 393.000 pesos colombianos y el decomiso inmediato de los animales, que deben ser entregados a las autoridades ambientales para su rehabilitación. En casos graves, como tráfico o reincidencia, la Fiscalía interviene con penas más severas, incluyendo multas millonarias y posible prisión.
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