En el Cesar, la tenencia y comercialización ilegal de animales silvestres como iguanas, guacamayas y loros sigue siendo un desafío ambiental grave que afecta ecosistemas y biodiversidad, pese a las sanciones previstas en la ley colombiana. Adriana Margarita García Arévalo, directora de Corpocesar, habló sobre las acciones institucionales y la problemática social vinculada a esta práctica.
Según la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), la tenencia de fauna silvestre, incluidos loros y iguanas, sin los permisos legales constituye un delito ambiental sancionado con multas superiores a 393.000 pesos colombianos y el decomiso inmediato de los animales, que deben ser entregados a las autoridades ambientales para su rehabilitación. En casos graves, como tráfico o reincidencia, la Fiscalía interviene con penas más severas, incluyendo multas millonarias y posible prisión.
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Es así que Corpocesar trabaja de la mano con la Policía Ambiental realizando inspecciones y operativos en puntos críticos como Mariangola y San Diego, donde se han decomisado huevos e individuos de iguana, impuesto multas y logrado encarcelamientos por delitos penales relacionados con el tráfico ilegal. “La ciudadanía a veces minimiza el daño, pero cada ejemplar extraído afecta un ecosistema completo”, resaltó García Arévalo.
Los loros y su rol en los ecosistemas
En Colombia, tener un loro como mascota no solo es una práctica común, sino también ilegal y perjudicial para la biodiversidad. Aunque su inteligencia y capacidad para imitar sonidos los hacen atractivos para muchas personas, los loros cumplen un papel clave en los ecosistemas, como la dispersión de semillas y el control de plagas. Su extracción del hábitat natural altera directamente el equilibrio ambiental.
De las 55 especies de loros que existen en el país, 10 están en peligro de extinción, según la Fundación ProAves. Muchos son capturados de forma ilegal, les cortan las alas y los encierran en jaulas para impedir que escapen. Como es común ver en tiendas de barrio en Valledupar.
Sobre la comercialización de loros, García Arévalo señaló que aunque no se ha comunicado tanto en medios, sí se trabaja contra el tráfico en general de fauna. “Hemos recuperado más de 700 individuos de especies como iguanas, serpientes y loros este año, y seguimos promoviendo campañas de sensibilización para romper patrones culturales que consideraban normal tener loros como mascotas”, explicó.
García Arévalo destacó que aún queda mucho por hacer y que la clave está en visibilizar las acciones y sanciones para disuadir estas prácticas ilegales que afectan la riqueza natural de la región y del país. Las autoridades ambientales hacen un llamado urgente a no tener fauna silvestre en cautiverio y a reportar estos casos a través de la línea 123. El tráfico de animales es uno de los delitos ambientales más graves y silenciosos del país, y frenarlo es responsabilidad de todos.
Por: Redacción EL PILÓN.
