Recientemente se vivió en Valledupar una multitudinaria marcha con las mujeres y sus mantas blancas como protagonistas. Mientras caminaban, desde la Casa Indígena hasta la Plaza Alfonso López, en voz alta pedían que se respetaran sus leyes y derechos dentro de sus territorios, debido a que, presuntamente, estaban siendo vulnerados desde el orden nacional.

De esta marcha masiva hicieron parte cerca de mil mujeres de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con mayor presencia de la comunidad arhuaca. Al llegar al punto final del recorrido realizaron demostraciones propias de sus culturas con el fin de visibilizar el trabajo e importancia del género femenino dentro de sus territorios.
Entre otras razones, la marcha tenía como propósito “exigir que se garantizara el derecho de las autoridades arhuacas a investigar a los miembros de la comunidad”, rechazando lo que llaman intromisión de las autoridades externas.

Pero, ¿por qué hacen esta solicitud? Es de conocimiento público que el cabildo gobernador arhuaco, Zarwawiko Torres, está enfrentando un proceso en el cual es señalado de corrupción; el pasado 3 de septiembre, día de la marcha, estaba programada una audiencia en su contra, no obstante, fue aplazada.

Frente a esto se han desencadenado innumerables apreciaciones, entre ellas que dicha manifestación fue convocada para apoyar a Torres. “Rechazamos la intromisión de la Fiscalía General de la Nación en las prácticas que conciernen única y exclusivamente a los pueblos y que se enmarcan en el ejercicio del derecho al gobierno propio y la jurisdicción especial indígena, reconocida en el artículo 246 de la Constitución Nacional”, escribieron en un documento las mujeres arhuacas.

Cabe recordar que a finales de agosto, la Fiscalía 12 seccional imputó cargos al líder indígena tras señalarlo de alzarse en el cargo mediante engaños. Para el fiscal Gentil de León Mármol, Torres se posesionó ante la Alcaldía de Valledupar el 14 de agosto del año pasado sin tener el consentimiento de los 60 representantes de los asentamientos que conforman el territorio indígena, violando así uno de los requisitos para obtener el cargo.

LA DEFENSA

Un comunicado emitido por la Confederación Indígena Tayrona, CIT, indicó que actualmente el pueblo arhuaco “se encuentra en peligro de exterminio físico y cultural”. “Que la vulneración de la consulta previa y el atropello de nuestros territorios y pueblos redunda en el desconocimiento de la autonomía y el gobierno propio sobre los cuales se cimienta la integridad e identidad cultural, espiritual y política que garantiza nuestra pervivencia. Que, en concordancia con ello, el Estado colombiano y principalmente la Fiscalía General de la Nación han desconocido las estructuras de justicia propia del pueblo Arhuaco”, se lee en el documento.

DOCUMENTAL POLÉMICO

Según un documental de la periodista Katia Ospino, mujeres indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta habrían sido violadas durante varios años. “Las mujeres arhuacas no estamos de acuerdo con esta elección (del cabildo) porque a nosotras no nos puede representar e identificar una persona que ha cometido delitos y no ha respondido ante la justicia ordinaria, ni la justicia arhuaca”, expresó un grupo de mujeres dentro del producto multimedia.