4 agosto, 2020

Magistrado vallenato, clave en proceso contra Uribe

Como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el vallenato Francisco Javier Farfán Molina fue uno de los cinco togados que tomó la decisión de dar prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el vallenato Francisco Javier Farfán Molina fue uno de los cinco togados que tomó la decisión de dar prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En esa decisión lo acompañaron los magistrados César Reyes Medina, Marco Antonio Rueda Soto, Misael Fernando Rodríguez Castellanos y Héctor Javier Alarcón Granobles.

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El magistrado Farfán pasó sus primeros años en Valledupar y estudió su bachillerato en el Colegio Nacional Loperena. Se ha desempeñado como procurador delegado ante la Sala Penal de la Corte Suprema, director nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General, magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y asesor del Programa Presidencial Antisecuestro. En septiembre del 2018 fue elegido como magistrado de la Sala Penal.

LA DECISIÓN

Como se anunció a través de un comunicado este martes, la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal, a la cual pertenece el abogado vallenato Francisco Javier Farfán, mediante decisión del 3 de agosto aprobada y suscrita por unanimidad, “resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”. Aunque dicha medida se sustituyó por detención domiciliaria.

Por lo tanto, explican, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa “con todas las garantías del derecho al debido proceso”.

Según la Corte, la providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, “que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado, al archivar una denuncia formulada por él”.

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Es así que la sala asegura que después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador, “personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”.