Con pancartas, megáfonos y silbatos madres comunitarias del departamento del Cesar hicieron un plantón a las afueras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, Regional Cesar, para exigir que la contratación sea anual y no cada dos meses, entrega del cupo del subsidio pensional y el pago a tiempo de los salarios. 

De acuerdo con Carmen Corzo, vicepresidenta del Sindicato de Madres Comunitarias del Cesar, Sintracihobi, las trabajadoras de la primera infancia han vivido a lo largo del 2024 una “incertidumbre” por la contratación, debido a que han firmado convenios de entre dos y tres meses de duración, a pesar de que hace dos años les ofertaban vínculos laborales de un semestre o de un año, lo que les daba más estabilidad laboral.

“Nos unimos al paro nacional porque no nos han cumplido los compromisos pactados en el 2023. La contratación no ha sido ejecutada con normalidad porque nos han contratado por un mes, dos meses o tres meses. El contrato de este año era hasta el 31 de octubre, pero el contrato que nos dieron ahora va del 20 de noviembre al 20 de diciembre”, manifestó Corzo. 

Puntualizó que el bono pensional de la madre comunitaria hasta la fecha “tampoco ha sido entregado y las madres comunitarias transitadas que devengan más de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, SMMLV, se les dificulta el acceso a la postulación para el subsidio pensional”. 

El acuerdo 

Otro de los compromisos incumplidos es la dotación de las unidades de servicio a las madres transitadas de los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, a nivel nacional. Así como también el pago oportuno de las prestaciones sociales”. En ese sentido, Vita Martínez, miembro de la Asociación Occidente 2, la cual se encarga de manejar los rubros del Icbf con los hogares comunitarios, manifestó que a las trabajadoras de la primera infancia no se les está brindado una “contratación digna”. 

Acotando así que el acuerdo firmado el 11 de febrero de 2023 ha sido “casi incumplido en su totalidad. Las madres comunitarias siguen sin ser respetadas y se está afectando nuestra estabilidad laboral y por consecuencia la atención de nuestros niños”, dijo Martínez.  

En el acta del acuerdo se dejó establecido que el Gobierno Nacional se compromete a incluir en la ley de adición presupuestal los recursos necesarios que garanticen la entrega del subsidio permanente a la vejez equivalente al 95 % de un SMMLV. 

Lo anterior sería dirigido para las madres comunitarias, sustitutas y transitadas que superen los 57 años de edad, lleven prestando el servicio 20 años y no tengan acceso a una pensión. 

Formalización 

Las diferentes asociaciones de modalidad familiar, hogares comunitarios y CDI que albergan a más de 3.000 madres comunitarias en el Cesar, exigen la formalización y no la tercerización. Esta fue una de las principales solicitudes que plasmaron estas trabajadoras en el acuerdo. 

En el documento se precisa que antes del 1 de junio del año 2023 debían estar todos los mecanismos legales, laborales y recursos necesarios para lograr la “formalización laboral de las madres comunitarias, FAMI y de todas las modalidades de atención del Icbf”. Cabe recordar que las madres comunitarias son contratadas por el Icbf  bajo la modalidad de tercerización a través de operadores o asociaciones. 

Al respecto, Adriana Rincón , madre comunitaria comentó que la formalización es el sueño de muchas trabajadoras que han dedicado sus vidas al cuidado de niños y niñas que en su mayoría pertenecen a barrios subnormales, de bajos recursos y vulnerables. 

“Es injusto que con la labor tan importante que hacemos no nos reconozcan como trabajadoras formales. Nosotros atendemos a los adultos del mañana y brindamos una atención que va más allá de un cuidado. Hacemos de acompañantes en el plano psicosocial, mediadoras en las familias y de apoyo en el núcleo familiar”, argumentó Rincón. 

ICBF 

Al respecto de los señalamientos de las madres comunitarias, el Icbf informó que ellas están recibiendo mensajes errados. “Tenemos una alerta por desinformación grande. Las confunden, les dan información equivocada, y queremos aclarar los mensajes para que no haya ruido sobre nuestra relación con las madres comunitarias”, dice la directora del Icbf, Astrid Cáceres. 

Sobre las quejas con respecto a las demoras en la entrega del subsidio pensional, el Icbf responde que cerrará octubre con más de 6.000 madres adscritas a ese beneficio de las 69.000 que tiene el instituto.

“Las madres comunitarias actualmente están contratadas a través de las entidades seleccionadas para la operación de los servicios de modalidad comunitaria. A la fecha, las organizaciones contratadas para los servicios de modalidad comunitaria tienen sus pagos al día, si han cumplido con los requisitos de ejecución y radicado a tiempo las cuentas correspondientes”, precisó el instituto. 

En relación a la última contratación de este año que será por mes y medio, la entidad explicó que no había posibilidad de extenderla hasta el 31 de diciembre. “Dejamos diez días de diciembre garantizado el recurso para apalancar vigencias futuras, lo que significa que el próximo contrato sale con dinero para poder pasar el fin de año y llevarlo hasta lo más que podamos el año entrante, de acuerdo con los recursos que nos asigne Hacienda”, sostuvo Cáceres. 

Por Namieh Baute Barrios