Por estos días en la Universidad Popular del Cesar, UPC, de lo que menos se habla es de academia; al interior del alma mater los contratistas y funcionarios están a la espera que se defina la situación que los tiene contra la espada y la pared, al obedecer a dos rectores, Raúl Gutiérrez Maya, quien cuenta con el aval del Ministerio de Educación y fue encargado luego de la salida de Darling Guevara, y José Rafael Sierra, designado por el Consejo Superior Universitario.

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Mientras Raúl Gutiérrez atiende temas desde su oficina personal, la silla de la rectoría la ocupa José Sierra; ambos cumplen funciones de rector, hasta donde la puja por el poder se los permite.

EL PILÓN conoció que luego de un presunto sabotaje al sistema informático de la institución que ocasionó demora en el pago a la planta de personal, el rector designado por el Consejo Superior Universitario firmó las resoluciones de pago, lo que podría acarrear responsabilidades penales al no ser reconocida la elección.

Esto denotaría que José Sierra cumple algunas funciones de rector, pese a que la personería jurídica de la universidad la ostenta Raúl Gutiérrez. Hasta el momento cursa una tutela en contra del Consejo Superior Universitario radicada por un egresado ante el juzgado segundo promiscuo de Maicao, La Guajira, que en primera instancia suspendió la elección de José Sierra por presuntamente violar el debido proceso, además solicitó suspender todos los actos administrativos sucedidos tras el nombramiento. Dicha decisión fue cuestionada por el historial del juez que tomó la decisión.

Por  otra parte, la Oficina de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación abrió una investigación en contra de los consejeros y todas las personas que participaron de la elección de Sierra.

¿CUÁL SERÁ LA SALIDA?

Ahora solo se espera que la puja política y burocrática al interior de la UPC se defina por decisión administrativa o por fallo judicial; situación que está en manos del Consejo Superior en pleno, tras la convocatoria de la ministra de Educación, María Victoria Angulo o de un delegado de presidencia de la República, para que mediante una actuación administrativa se revoque o se afirme la segunda elección; otra salida es que Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación  tome la decisión de destituir a las personas que eligieron a Sierra de hallarse responsables, o que, al contrario,  los exonere.

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Cabe recordar que José Rafael Sierra fue elegido por tres integrantes del CSU que presuntamente no cumplieron con los tres días de anticipación para convocar la sesión, no reunieron a cuatro miembros y no tuvieron en cuenta que la convocatoria a sesión extraordinaria debía hacerse desde presidencia, por eso, presuntamente violaron los artículos 25 y 32 del reglamento interno del Consejo Superior.

 Ante el Ministerio de Educación, Raúl Gutiérrez es el representante legal y es quien debe responder por la UPC, quien también podría enfrentar líos judiciales por no cumplir sus funciones y por permitir que se hayan realizado pagos firmados por un segundo rector, según señalaron profesionales de la universidad.

En conclusión, además de afectar la calidad educativa y los procesos administrativos, esta disputa legal por el control de la Rectoría de la UPC podría traer problemas judiciales para los administrativos que estén infringiendo las normas. Aún se debe esperar que la ley determine quiénes tienen la razón y quiénes son responsables de actos ilegales  o merecedores de sanciones disciplinarias.  

Por: Adriana Palomo – EL PILÓN.